El gobernador Phil Murphy derogó el martes una ley de casi 30 años que ha impedido que miles de familias de bajos ingresos que reciben ayuda pública en efectivo obtengan un estipendio mayor si la madre da a luz mientras se benefician del programa.
Nueva Jersey es el estado pionero en la ley de tope familiar, llamada así puesto que tiene la intención de disuadir de tener más hijos a las mujeres que reciben ayuda pública. El presidente Bill Clinton incluyó el concepto en la histórica reforma legislativa que promulgó en 1996, que permitió a otros estados adoptar una ley similar.
Pero hay estudios que enfatizan que la ley ha renido poco impacto en las tasas de embarazo y aborto, por ende, los estados han derogado de forma gradual esta ley restricitva. Los críticos estiman que la norma es más bien un castigo contra los niños al privarlos de dinero para lo básico.
Massachusetts derogó la ley el año pasado, pero todavía está en vigor en otros 13 estados, según Pew Charitable Trusts.
Los defensores de la familia en Nueva Jersey aseguran que 20.000 niños han nacido de familias que reciben asistencia social desde que se promulgó la ley en 1992. La norma impide que las familias reciban $64 dólares adicionales al mes por niño.
“El propósito de Work First NJ es ayudar a sacar a las personas de la pobreza y volverse autosuficientes; la política de tope familiar va en contra de esta misión”, expresaron las patrocinadoras de la legislación, las asambleístas Valerie Vainieri Huttle, demócrata de Bergen, Verlina Reynolds-Jackson, demócrata de Mercer y Mila Jasey, demócrata de Essex.
"Revocar esta regla ayudará a las familias en crecimiento a satisfacer sus necesidades crecientes mientras trabajan para construir un futuro mejor".
Ambas cámaras de la Legislatura aprobaron el proyecto de ley (A-3292) el pasado jueves.
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La Oficina de Servicios Legislativos estima que la nueva norma le costará a los contribuyentes
$ 1.1 millones, pero esa cifra puede aumentar si la pandemia obliga a los residentes a buscar ayuda del Work First New Jersey, el programa de asistencia pública del estado.
Solo en julio se inscribieron 10.100 hogares, un 14% más que en julio anterior, según datos del Departamento de Servicios Humanos.
Las personas que reciben asistencia del estado deben trabajar, ir a la escuela o estar en un programa de capacitación laboral. Están limitados a 60 meses de asistencia a lo largo de su vida. Las subvenciones en efectivo se basan en el tamaño de la familia, por ejemplo, un hogar de tres recibe $ 466 al mes en tarjeta de débito.
