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Legislatura de NY aprueba vales de alquiler, pero la ley excluye a indocumentados

Los vales ayudarán a los inquilinos a costear la renta adeudada entre abril y julio. El fondo de $ 100 millones beneficiará hasta 50,000 residentes en todo el estado.

Telemundo

El Senado y la Asamblea aprobaron el miércoles y el jueves un paquete de seis leyes que hace frente a la crisis de vivienda causada por la emergencia de salud. Las medidas, aprobadas por los comités plantean soluciones a las demandas de inquilinos y propietarios sobre el pago de renta, hipoteca, impuestos y otras facturas difíciles de costear a medida que el desempleo se agrava. 

“Reconocemos que se debe hacer mucho más para garantizar que ningún neoyorquino pierda su hogar o se vea afectado en extremos por los costos de la vivienda que no pueden pagar durante esta pandemia”, expresó el senador Brian Kavanagh, presidente del Comité de Vivienda. “Necesitamos fondos federales (...) así como otras políticas que solo el gobierno federal tiene la autoridad de promulgar, en particular con respecto a las hipotecas emitidas y atendidas por bancos y empresas que están fuera de New York”. 

Del paquete de destaca el proyecto de ley S8419, patrocinado por el senador Kavanagh, el cual destina de forma inmediata $ 100 millones de fondos federales para vales de alquiler de emergencia, que ayudarán a inquilinos que pagaron más del 30% de sus ingresos en alquiler, perdieron ingresos entre el 1 de abril y el 31 de julio de este año y obtuvieron menos de 80 % del ingreso medio en su región. 

Los vales ayudarán a los inquilinos costear la renta adeudada entre abril y julio, aunque es probable que los cheques no se emitan hasta julio.

Los $ 100 millones ayudarían a 50,000 inquilinos mediante dos cupones mensuales de $ 1,000. Sin embargo, solo en la Ciudad de Nueva York hay un estimado de 5.4 millones de inquilinos, de los cuales cerca de la cuarta parte no pagó renta el mes pasado.

Los activistas cuestionan la legislación, no solo porque los vales son insuficientes para proteger a los inquilinos a largo plazo, también porque la medida excluye a los neoyorquinos indocumentados, que tampoco cumplen con los requisitos par el seguro de desempleo. 

Una encuesta realizada por el grupo inmobiliario PropertyNest reveló que el 37 %  de los inquilinos de la ciudad de Nueva York aseguran que no podrán costear el alquiler el próximo mes, más del doble del número que no pudo pagar mayo. Se prevé que las cifras empeoren para el verano, ya que el gobierno federal frenará el pago adicional de $ 600 a los trabajadores desempleados a fines de julio.

Asimismo, la legislatura aprobó el miércoles el proyecto de ley S8192B, patrocinado por el senador Brad Hoylman, que evita de forma permanente que el alquiler impago acumulado durante la emergencia COVID-19 sirva como fundamento para el desalojo de cualquier inquilino que experimentó dificultades durante la emergencia. Sin embargo, la medida no otorga un perdón, por ende, el inquilino deberá pagar el adeudo una vez que concluya la emergencia de salud.

La legislatura también aprobó una extensión de los pagos de indulgencia hipotecaria. El proyecto de ley S8243C, patrocinado por el senador Kavanagh, extenderá el período de tiempo en que vencen los pagos de indulgencia hipotecaria, para hipotecas emitidas o atendidas por instituciones reguladas del estado de Nueva York. Esto le da a los prestatarios la opción de diferir sus pagos al final del plazo del préstamo o distribuir los pagos diferidos durante la vigencia del préstamo. Los intereses y cargos por demora no se aplican durante el período de indulgencia.

Además, el proyecto de ley S8138B, patrocinado por la senadora Mónica Martínez, permite que las localidades y los distritos escolares se beneficien de la exención de impuestos, incluidos los impuestos a la propiedad, durante una emergencia estatal declarada por desastre. El beneficio solo se otorga durante ese periodo. 

De igual forma, el proyecto de ley S8113A, patrocinado por el senador Kevin Parker, impone una moratoria sobre las compañías de servicios públicos para que no puedan cortar los servicios básicos durante períodos de pandemias y / o estado de emergencia.

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