NUEVA JERSEY -- Catorce oficiales de prisiones en Nueva Jersey fueron acusados por un gran jurado estatal en relación a un caso en la única prisión de mujeres del estado donde se reportó que reclusas fueron víctimas de agresiones violentas en las que dos de ellas terminaron gravemente heridas en enero de 2021, anunció el martes la oficina de la Fiscalía general de Nueva Jersey.
Los miembros del gran jurado votaron el martes para acusar a los 14 uniformados del incidente en el Centro de Prisiones para Mujeres Edna Mahan, con sede en el condado de Hunterdon, por cargos de conspiración, mala conducta oficial, manipulación de registros públicos y agresión con agravantes.
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Según la investigación, los incidentes ocurrieron durante las horas de la noche entre el 11 y el 12 de enero de 2021 en medio de tensiones crecientes después de varios incidentes de reclusas que supuestamente arrojaron líquidos desconocidos a través de sus celdas y golpearon a los oficiales.
Las celdas pertenecientes a esas reclusas fueron presuntamente atacadas, en una acción a la que el Departamento de Prisiones de Nueva Jersey, (DOC, por sus siglas en inglés), se refiere como extracción de reclusos. De acuerdo con la política del DOC, se debe recurrir a la extracción solo después de que los presos rechacen las órdenes de ponerse las esposas y salir de sus celdas por su cuenta, o si representan una amenaza para ellos mismos o para los demás y se niegan a salir de una celda.
En este caso, dicen los fiscales, los oficiales planearon ingresar a las celdas y usar la fuerza sin importar si encontraron resistencia, y en algunos casos no les dieron a las presas la oportunidad de cumplir con las órdenes de ponerse las esposas y salir de sus celdas sin incidentes. En otros momentos, las reclusas cumplieron con las órdenes de ser esposadas y aun así fueron sacados por la fuerza de sus celdas.
Una reclusa recibió casi 30 puñetazos por parte de un oficial mientras un equipo de cinco personas la extraía, a pesar de que aparentemente no hubo provocación ni resistencia física de su parte, encontró la investigación. Otros oficiales sujetaron a la víctima mientras ocurría la agresión a veces agarrándola del cabello o empujándola, dice el reporte. La llevaron a un hospital con dolores de cabeza, náuseas y vómitos, y los médicos encontraron que tenía una conmoción cerebral.
Otra víctima, después de su extracción a pesar de que había cumplido con las órdenes de ser esposada, estaba cubierta de sangre y con el ojo derecho cerrado por la hinchazón, dice el reporte. Ella fue transportada al Centro Médico Hunterdon, donde los médicos encontraron que tenía el cráneo roto alrededor del ojo. También tenía marcas de botas en el cuerpo.
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La acusación formal alega que estos oficiales planearon, supervisaron, participaron o no detuvieron “una o más extracciones forzadas de celdas en el nivel de la Unidad de Vivienda Restaurativa con el propósito de castigar, intimidar o aterrorizar a una o más reclusas”.
También se les acusa de facilitar, no intervenir y no denunciar las agresiones, como es su deber como agentes del orden. Los investigadores alegan que los informes internos generados sobre los incidentes eran falsos o engañosos en un intento de ocultar la brutalidad y lo que condujo a ella.
El cargo de conspiración conlleva una sentencia de cinco a 10 años de prisión estatal y una multa de $150,000. Por su parte, la mala conducta oficial puede conllevar una pena de cinco a 10 años de prisión estatal con cinco años de inhabilitación para la libertad condicional y una multa de $150,000, mientras que la manipulación de registros públicos se castiga con tres a cinco años de prisión estatal con dos años de inhabilitación para la libertad condicional y una multa de $15,000.
La agresión agravada con lesiones corporales graves puede conllevar a una sentencia de cinco a 10 años de prisión estatal, con un mandato para cumplir el 85 por ciento de la sentencia, más una multa de $150,000.
En junio de 2021 el gobernador Murphy había señalado la posibilidad de cerrar la prisión, pero que podría llevar años y que trabajaría con los legisladores para abordar el cierre durante el proceso presupuestario de este año. Murphy, un demócrata, dijo que quiere enviar a los aproximadamente 370 reclusas a otra instalación o una nueva.
