Iglesia Católica

Diócesis de Long Island se declara en bancarrota a raíz de ola de demandas por abuso sexual

Las diócesis de Buffalo, Rochester y Syracuse también se han acogido al Capítulo 11 ante las denuncias de presuntos sobrevivientes de abuso sexual.

La Diócesis de Rockville Center, que enfrenta decenas de demandas por abuso sexual, se acogió al Capítulo 11 de la bancarrota el jueves, según informó The New York Times. 

La diócesis católica de Long Island, una de las más grandes del país, afirmó que la declaración de quiebra es necesaria para avanzar mientras se resuelven los costos del litigio, los acuerdos con sobrevivientes de abuso sexual y las disputas con sus aseguradoras.

Las demandas en contra de la diócesis han ido en aumento desde que se aprobó la Ley estatal de víctimas infantiles el año pasado, la cual permite que los sobrevivientes puedan denunciar sin que el casos prescriba, algo que abrió una ventana legal contra la Iglesia Católica y otras instituciones.

“Creemos que este proceso ofrece la única manera de garantizar un resultado justo y equitativo para todos los involucrados, incluidos los sobrevivientes de abuso cuyos acuerdos de compensación serán resueltos por los tribunales”, dijo el obispo John Barres, director de la diócesis. "Esta decisión no se tomó a la ligera".

Barres dijo que las aseguradoras de la diócesis no cumplieron con sus obligaciones contractuales a medida que aumentaron las demandas hasta alcanzar el centenar de litigios. 

Las diócesis de Buffalo, Rochester y Syracuse también se han acogido al Capítulo 11, citando problemas similares. 

“Consideramos otras alternativas con cuidado y oración, pero el Capítulo 11 era la única manera de proporcionar arreglos justos a los sobrevivientes sin dejar de ser útil para los 1.4 millones de católicos en la Diócesis de Rockville Center”, dijo el obispo.

Además, la diócesis se vio afectada por la fuerte caída en el dinero de la recaudación dominical debido a la crisis del COVID-19, debido al cierres de iglesias. Cerca del 40% de sus ingresos anuales proviene de las donaciones de los feligreses.

El abogado Jeff Anderson, cuya firma representa a decenas de presuntos sobrevivientes de abuso sexual, criticó la acción de la diócesis. 

“Vemos la decisión de la diócesis de declararse en quiebra como estratégica, cobarde y totalmente egoísta”, dijo Anderson. "En el centro de estos casos, encontramos un engaño deliberado por parte de la diócesis: intentos persistentes de evadir la responsabilidad y un esfuerzo concertado para ocultar información".

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