NUEVA YORK - En una votación histórica el Concejo de la ciudad de Nueva York dio luz verde este jueves al otorgamiento de permisos para vendedores ambulantes.
Desde el inicio de los ochenta no se impartían permisos, y muchos inmigrantes tenían que conseguirlos en un mercado negro, donde pagaban hasta 25 mil dólares por ellos. La votación culminó con 34 votos a favor y 13 en contra.
El Concejo se reunió desde tempranas horas para ralizar la legislación histórica, con el fin de ordenar reformas significativas al sistema de vendedores ambulantes. El número de permisos de venta de alimentos se ha limitado a 3,000 desde 1983, a pesar de la gran demanda. El límite ha impedido que personas talentosas y trabajadoras ingresen a esta industria clásica de pequeñas empresas de Nueva York y también ha generado un próspero mercado ilegal para los permisos.
La legislación brinda nuevas oportunidades para vender legalmente y aborda las preocupaciones con respecto a la falta de aplicación efectiva de las leyes de venta.
A partir de julio de 2022, la legislación permitiría la liberación de 400 permisos de venta de alimentos al año durante diez años. De los 400 que cada año, 100 permisos permiten la venta en Manhattan (o la venta en cualquier otro distrito si así lo desean). El resto permite la venta en otros distritos fuera de Manhattan.
La legislación requiere que un titular de permiso debe estar siempre presente en el carro. Para 2032, todos los permisos, existentes y nuevos, se transferirán a este sistema. Este nuevo requisito cerrará el vacío legal que ha llevado a la práctica ilegal y generalizada de alquilar los permisos por miles de dólares.
Se establecerá una unidad dedicada para hacer cumplir las leyes de venta ambulante, con un enfoque en los lugares donde la venta ambulante es abundante y persisten los problemas de congestión.
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La legislación también crearía una junta asesora para monitorear la unidad de cumplimiento, supervisar la implementación de nuevos permisos y hacer recomendaciones tanto al Concejo como a la Alcaldía sobre temas relacionados con la venta. La junta incluye representantes de vendedores ambulantes, la comunidad de pequeñas empresas, trabajadores de tiendas minoristas de alimentos, propietarios y organizaciones comunitarias, así como de agencias de la ciudad (incluye Protección al consumidor y al trabajador, Transporte e Higiene Mental y Salud).
El programa Green Carts de la ciudad también se ampliaría para aumentar las opciones de venta de alimentos saludables en toda la ciudad.
El Consejo también estaba previsto para votar sobre un proyecto de ley relacionado con la votación por elección clasificada (RCV). Actualmente, la Carta exige que la Junta de Financiamiento de Campañas de la Ciudad de Nueva York (CFB) lleve a cabo una campaña de educación de votantes para familiarizar a los votantes con RCV, pero no especifica cómo se debe realizar dicha campaña. El proyecto de ley establecería pasos concretos que CFB debe tomar mientras trabaja para educar a los votantes sobre el nuevo sistema RCV.
Los miembros también buscaban reformar el sistema de venta de gravámenes fiscales de la ciudad aumentando los umbrales de morosidad para que ciertas propiedades residenciales sean elegibles para la venta de gravámenes fiscales en primer lugar, creando una exención para los propietarios elegibles que enfrentan dificultades financieras relacionadas con COVID-19. y exigir un programa de divulgación más sólido.
La legislación ampliaría la autoridad de la ciudad para vender gravámenes fiscales por solo un año.
Durante ese año, el Consejo, la Administración y los defensores formarán un grupo de trabajo para examinar las formas en que el cobro de la deuda municipal por parte de la ciudad se puede hacer más justo, efectivo y eficiente. Además, el grupo de trabajo considerará alternativas a la venta de gravámenes fiscales que incluirían la transferencia de propiedades en mora o gravámenes a organizaciones sin fines de lucro con fines de lucro como los fideicomisos comunitarios de tierras. Como parte del acuerdo entre el Concejo y la Administración, la ciudad proporcionará $1 millón en fondos discrecionales (repartidos entre el año fiscal 21 y el año fiscal 22) para que las organizaciones comunitarias lleven a cabo actividades de divulgación de venta de gravámenes.
El Concejo también puso a votación dos proyectos de ley relacionados con la línea directa 311 de la ciudad. El primer proyecto de ley requeriría que la Ciudad realice un estudio y presente un informe sobre las quejas anónimas 311. Aunque el 311 está diseñado para ser una forma para que los neoyorquinos informen problemas legítimos, existe la preocupación de que ocasionalmente se haya utilizado como una herramienta para el acoso, mediante el cual una persona que llama hace quejas repetidas, anónimas y sin fundamento contra una propiedad privada. Este proyecto de ley ayudaría a la Ciudad a comprender el alcance del acoso 311 y generar ideas para abordar el problema. El segundo proyecto de ley requeriría que el 311 notifique a las agencias de la ciudad cuando una solicitud de servicio no se ha cerrado dentro de un período de tiempo designado y está diseñado para promover la resolución oportuna de las quejas presentadas al 311.
Los miembros votarán sobre dos leyes relativas a la seguridad en el lugar de trabajo. El primer proyecto de ley crearía una junta de nueve miembros que llevará a cabo dos audiencias públicas sobre el protocolo de seguridad en el lugar de trabajo, luego de las cuales revisará y emitirá recomendaciones sobre las pautas de salud y seguridad en el lugar de trabajo emitidas durante las emergencias de salud pública y, específicamente, la pandemia actual de COVID-19.
El segundo proyecto de ley requeriría que la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional de la Ciudad (COSH) supervise de manera proactiva a las agencias de salud y seguridad ocupacional federales, estatales y locales para cualquier orientación que puedan emitir sobre asuntos relacionados con la seguridad y la salud pública en el lugar de trabajo y entregue la guía electrónicamente a cada coordinador de seguridad y salud de la agencia (ASHC) dentro de las 24 horas posteriores a su emisión. Luego, se requerirá que la ASHC envíe por correo electrónico la guía de salud y seguridad a los empleados de la ciudad y brinde la educación o capacitación necesaria para ayudar al cumplimiento.
Además, debido a la pandemia de COVID-19, los miembros votaron sobre la legislación para extender los plazos para los solicitantes del programa piloto de legalización del sótano (establecido por la Ley Local número 49 para el año 2019) para darles a los solicitantes tiempo adicional para presentar los documentos de construcción requeridos al Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (DOB).
