NUEVA YORK -- El presidente Joe Biden firmó el viernes una orden ejecutiva que ordena la desclasificación de ciertos documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, un gesto de apoyo a las familias de las víctimas que durante mucho tiempo han buscado los registros con la esperanza de implicar al gobierno saudí.
La orden, que se produce poco más de una semana antes del vigésimo aniversario de los ataques, es un momento significativo en una disputa de un año entre el gobierno y las familias sobre qué información clasificada sobre el período previo a los ataques podría hacerse pública. Ese conflicto se puso de manifiesto el mes pasado cuando unos 1,800 familiares, sobrevivientes y socorristas se manifestaron en contra de la participación de Biden en los eventos conmemorativos del 11 de septiembre si los documentos permanecían desclasificados.
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“Los eventos significativos en cuestión ocurrieron hace dos décadas o más, y se refieren a un momento trágico que continúa resonando en la historia de Estados Unidos y en la vida de tantos estadounidenses”, afirma la orden ejecutiva. "Por lo tanto, es fundamental garantizar que el gobierno de los Estados Unidos maximice la transparencia, confiando en la clasificación solo cuando sea estrictamente adaptada y sea necesaria".
La orden ordena al Departamento de Justicia y otras agencias del poder ejecutivo que comiencen una revisión de desclasificación y requiere que los documentos desclasificados se publiquen durante los próximos seis meses.
Aún así, el impacto práctico de la orden ejecutiva y cualquier documento nuevo que pudiera producir no quedó claro de inmediato. Investigaciones anteriores han encontrado vínculos entre ciudadanos saudíes y algunos de los secuestradores de aviones, pero no han establecido que el gobierno estuviera directamente involucrado.
Una demanda de larga duración en un tribunal federal de Nueva York alega que los funcionarios saudíes brindaron un apoyo significativo a algunos de los secuestradores antes de los ataques y tiene como objetivo hacer que el reino rinda cuentas. El gobierno saudí ha negado cualquier conexión con los ataques.
Las familias han afirmado durante mucho tiempo que los funcionarios saudíes desempeñaron un papel más directo de lo que el gobierno estadounidense ha dicho públicamente, citando en parte el hecho de que los dos primeros secuestradores que llegaron a Estados Unidos antes del ataque fueron recibidos y asistidos por un diplomático saudí. Durante mucho tiempo han acusado al gobierno de obstaculizar sus demandas por documentos, y el jueves instaron al inspector general del Departamento de Justicia a investigar la aparente incapacidad del FBI para localizar una fotografía, video y otros registros que buscan.
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El Departamento de Justicia reveló el mes pasado que el FBI había concluido recientemente una investigación que examinaba a ciertos secuestradores del 11 de septiembre y posibles co-conspiradores, y que ahora trabajaría para ver si podía compartir información que previamente había determinado que no podía ser revelada.
Según los términos de la orden ejecutiva, el FBI debe completar antes del 11 de septiembre su revisión de desclasificación de los documentos de esa investigación, a la que se ha referido como la "Investigación del subarchivo".
En el transcurso de los próximos seis meses, la orden establece que el gobierno debe revisar para fines de desclasificación todos los informes de entrevistas, documentos con hallazgos de investigación, cualquier registro telefónico y bancario, otros informes de entrevistas y otra información que se considere potencialmente relevante para los ataques.
