NUEVA YORK – Elsa Morocho es madre de siete hijos y su carrito cargado de churros y barras de chocolate es la única fuente de ingresos para su familia. La inmigrante ecuatoriana acude con frecuencia a la estación Broadway-Junction, Brooklyn pese al riesgo de ser multada, aunque su anhelo de ganarse el sustento puede más que el miedo.
La comerciante se ha convertido en el estandarte de un clamor que se ha escuchado durante años: el acceso a permisos para vender productos sin temor al arresto y el cese del supuesto asedio de los oficiales de policía.
La organización Street Vendor Project, una iniciativa de Urban Justice Center, ha denunciado en el pasado que los uniformados no solo imponen “multas excesivas” a los comerciantes, también desechan sus productos, lo que implica la pérdida de ingresos para sus familias.
Ese puede ser el caso de Elsa. El sábado pasado, al menos cuatro uniformados esposaron a la vendedora de churros por ofrecer sus productos dentro de la estación del tren, según se observa en el video captado por la pasajera Sofía Newman.
“Yo le rogué al señor”, recordó Morocho. “Deme un ticket, pero no me quite mis cosas, yo trabajo por mis hijos”.
Newman dijo que escuchó cuando uno de los oficiales amenazó a Elsa con encarcelarla, además de exigirle que hablara en inglés. Cuando la madre intentó defenderse en español, el uniformado se burló de ella y luego la esposó, según denuncia Newman.
Los funcionarios electos de la ciudad y los líderes de varias organizaciones gritaron al unísono “todos somos Elsa” durante una protesta el lunes por la mañana frente a la estación Broadway-Junction. Los manifestantes culparon al gobernador Andrew Cuomo por asignar fondos para su plan de desplegar 500 uniformados más a las estaciones de trenes.
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“Este tipo de acciones no hace que estemos más seguros", tuiteó el contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, quien cuestionó la contratación de 500 nuevos policías de tránsito.
El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, también criticó el plan de Cuomo.
“La policía puede mantener el metro a salvo sin dañar a las personas que simplemente intentan ganarse la vida", sentenció.
MUJERES ECUATORIANAS Y MEXICANAS, EL ROSTRO DEL COMERCIO INFORMAL
Una encuesta de la organización Street Vendor Project, hecha a 50 vendedoras y divulgada en octubre pasado, reveló que más de la mitad de las comerciantes son el principal sostén de su familia. En promedio sustentan a 3.8 personas, incluyéndose a sí mismas. Aproximadamente viajan entre vecindarios para vender sus productos y más del 70% son de Ecuador y México.
Tres cuartos de las encuestadas no tienen permisos, lo que significa que la policía puede confiscar sus productos.
No hay estadísticas oficiales sobre el número de comerciantes que venden alimentos, bienes y arte al aire libre en la ciudad de Nueva York, pero Street Vendor Project estima que son alrededor de 20,000 personas.
Las mujeres representan menos de una cuarta parte de los vendedores ambulantes de toda la ciudad que han recibido permisos en los últimos años. Además, un recuento reciente en Queens encontró que el 79% de los vendedores en ese condado son mujeres.
Según Street Vendor Project, en la actualidad, aproximadamente 5 mil vendedores ambulantes trabajan con permisos falsos en la Gran Manzana.
EL NYPD SE DEFIENDE DE ALUVIÓN DE CRÍTICAS POR “ACCIÓN EXAGERADA”
La Policía de Tránsito del NYPD dijo que Elsa no fue arrestada, aunque sí recibió una citación por vender comida sin licencia en el sistema de tránsito. Sin embargo, según Sofía Newman, la madre estuvo esposada al menos por 10 minutos.
"Recibió 10 citaciones en los últimos seis meses. Los oficiales hispanohablantes y anglohablantes conversaron con ella y fue esposada por muy poco tiempo cuando ella se negó a cumplir. Su propiedad fue confiscada y más tarde fue liberada del Distrito de Tránsito", escribió Policía de Tránsito en Twitter.
“Yo sé que yo pasó por aquí, yo sé que he vendido, que es ilegal, pero no para que me traten así, esposada. Yo no soy ladrona, yo no estoy vendiendo drogas”, replicó Elsa con el rostro empapado de lágrimas.
Portar un permiso oficial no otorga a los comerciantes la autorización para vender en las estaciones de tren de la MTA, puesto que la agencia tiene su propio conjunto de reglas para impedir que el libre flujo del tráfico de pasajeros sea obstruido.
ESPERANZADOR PROYECTO DE LEY
La senadora estatal Jessica Ramos espera anular el límite -impuesto por el Gobierno de la ciudad- al número de permisos que se pueden otorgar a los comerciantes en los cinco condados.
El pasado 28 de octubre, Ramos presentó un proyecto de ley que prohibiría a las ciudades de todo el estado, incluida la ciudad de Nueva York, limitar la cantidad de permisos para vendedores ambulantes.
El proyecto de ley S6817 aplicaría tanto a los vendedores de alimentos como a los que venden mercancías en general, como cerámica, joyas y arte.
Existen solo 3,100 permisos disponibles para la venta de alimentos durante todo el año en la ciudad de Nueva York, con 2,000 permisos más según la temporada. Pese al crecimiento de la población de la ciudad, este número no ha cambiado desde la década de 1980. Además, solo hay 853 licencias para la venta de mercancías en general.
Los opositores, en particular los propietarios de negocios establecidos, argumentan que los vendedores ambulantes dañan las tiendas y causan congestión en las aceras.
El proyecto de ley es de particular importancia para Ramos, ya que su distrito incluye Jackson Heights, un área que ha ganado fama por sus vendedores de alimentos, la mayoría de los cuales son inmigrantes y mujeres.
Bajo la norma, de aprobarse, los primeros permisos se concederán a las personas en la lista de espera, y el resto se emitirá por medio de un sistema de lotería.
En la actualidad, la mayoría de los titulares han mantenido sus permisos durante décadas, ya que estos pueden renovarse de forma indefinida. Por tanto, solo unos 50 puestos se abren al año y la lista de espera para un permiso tiene más de 1,500 solicitantes, según un estudio divulgado en 2017 por Macaulay Honors College de Baruch.
El proyecto de ley de Ramos no será evaluado por el Senado estatal hasta que regrese para la sesión 2020, en enero.
