Nueva York encabeza una demanda multiestatal contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos para bloquear los supuestos esfuerzos del gobierno federal para castigar a las llamadas jurisdicciones "santuario", al imponer condiciones relacionadas con la inmigración en subvenciones federales.
El gobernador Andrew Cuomo y la abogada general Barbara Underwood anunciaron el miércoles la demanda contra el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y el fiscal general del país, Jeff Sessions.
La demanda fue dirigida por Underwood y también presentada por los fiscales generales de Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts, Virginia y Washington.
La demanda argumenta que las condiciones del DOJ sobre las subvenciones federales de la seguridad pública interfieren con el derecho de los estados y las localidades a establecer sus propias políticas, y que el Departamento de Justicia carece de la autoridad para imponer estas nuevas condiciones.
Según la ley federal, los estados y las localidades involucrados en la demanda limitan su participación voluntaria con respecto a la aplicación de políticas federales de inmigración, y muchos lo han hecho luego de concluir que quieren una relación de confianza entre las autoridades locales y las comunidades de inmigrantes ya que estas relaciones promueven la seguridad pública, dice la demanda.
"La policía local tiene el derecho de decidir cómo satisfacer sus necesidades de seguridad pública local y la administración de Trump simplemente no tiene el derecho de exigir a la policía estatal y local que actúen como agentes federales de inmigración", dijo Underwood.
El estado reclama que, como resultado de las acciones de la administración Trump, Nueva York podría perder casi $9 millones en fondos del Subsidio de Asistencia Judicial Conmemorativa Edward Byrne (conocido como Byrne JAG) para el año fiscal 2017.
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Los seis estados que forman parte de la demanda presentada el miércoles podrían perder un total de casi $25 millones. Sin embargo, Nueva York es uno de los estados con las mayores asignaciones totales, y la ciudad de Nueva York es uno de los cinco gobiernos locales elegibles para recibir los premios monetarios más grandes.
El programa Byrne JAG es un programa federal que otorga subsidios a las agencias de seguridad pública para estados y localidades, a la vez que les brinda la flexibilidad para decidir cómo usar los fondos. El Departamento de Justicia está obligado por ley a otorgar subvenciones de acuerdo con una fórmula obligatoria establecida en el estatuto de Byrne JAG.
La demanda argumenta que las nuevas condiciones impuestas por el DOJ violan la ley, alegando que la imposición de las nuevas condiciones por parte del DOJ infringe sobre los poderes de separación porque el DOJ carece de la autoridad para hacer cumplir las nuevas condiciones bajo el estatuto de Byrne JAG y la ley federal.
Además, la demanda afirma que la imposición de las nuevas condiciones por parte del Departamento de Justicia viola la Ley de Procedimientos Administrativos.
La demanda califica las nuevas normas como "arbitrarias y caprichosas".
La demanda también alega que la condición del Departamento de Justicia de compartir información de inmigración entre agencias locales y federales es una violación de la Décima Enmienda de la Constitución del país, ya que requiere que los estados y las localidades cumplan con la larga interpretación del departamento de una ley inconstitucional.
En una moción separada el miércoles, la ciudad de Nueva York también presentó una demanda contra el Departamento de Justicia por "sus esfuerzos ilegales para obligar a los funcionarios de la ciudad de Nueva York a llevar a cabo la diferida aplicación de inmigración" para obtener fondos de la subvención de seguridad Byrne JAG.
"Nuestro mensaje es claro: las acciones de la Administración Trump son ilegales y un fracaso moral", dijo el alcalde Bill de Blasio en un comunicado. "Hemos demostrado, una y otra vez, que la acogida de inmigrantes ha ayudado a que esta sea la ciudad más segura del país. Cualquier intento de poner en riesgo la confianza entre nuestra policía local y los neoyorquinos que son inmigrantes fracasará ".
La ciudad le está pidiendo a la corte que considere que las medidas del Departamento de Justicia sean declaradas ilegales y que el departamento cumpla con el pago de las subvenciones de inmediato.
Los estados involucrados en la demanda han recibido subsidios bajo el programa Byrne JAG y sus predecesores desde 1968. Los estados han usado esos fondos para apoyar programas de seguridad pública, tales como programas de apoyo para la policía comunitaria así como reducir la agresión sexual, el maltrato a personas mayores, la violencia con armas de fuego, la reincidencia y la drogadicción.
En un comunicado a Telemundo 47, el portavoz del Departamento de Justicia, Devin O'Mallery, dijo:
"Al elegir no cumplir con un estatuto federal que promueve la cooperación entre las jurisdicciones locales y las autoridades federales de inmigración, los líderes políticos eligen deliberadamente proteger a los delincuentes extranjeros bajo su custodia y hacer que sus comunidades sean menos seguras. La demanda de hoy es un perjuicio para los ciudadanos respetuosos de la ley de estos estados, pero el Departamento de Justicia continuará luchando por defender la ley, para proteger la seguridad pública y para mantener a los delincuentes extranjeros fuera de las calles".
