NUEVA YORK – Los defensores de los inmigrantes en nuestra región expresaron su preocupación luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera el martes, por mayoría, reforzar el poder del gobierno para detener a residentes legales con antecedentes penales, incluso si los delitos ocurrieron años atrás y si cumplieron las condenas penales.
“A pesar que haya personas afectadas con esto, el abogado siempre va a intentar una moción, el abogado siempre va a tratar de distinguir la situación de su cliente, de lo que la corte suprema ha dicho. Va a ser una batalla muy larga, pero aun así no quiere decir que la persona no va a ser automáticamente deportada”, dijo la abogada Ingrid Echevarría.
Los defensores afirman que la decisión de la Corte Suprema otorga carta blanca al Gobierno para que proceda con la detención de residentes legales que han cumplido una sentencia penal, son liberados y luego arrestados por agentes de inmigración.
La decisión de la Corte Suprema establece que el Gobierno puede detener, sin una audiencia de fianza, a inmigrantes con antecedentes penales, incluso si han pasado años desde que fueron liberados de la custodia penal.
Con esta decisión, tomada tras una votación de 5 a favor y 4 en contra, el tribunal de mayor autoridad de EE.UU. dio la razón al Gobierno del presidente Donald Trump, y avaló la detención sin fianza de inmigrantes que han sido liberados de la custodia federal, sin especificar límites de tiempo.
El caso, presentado por residentes permanentes legales que cometieron un delito en el pasado, llegó al Supremo después de que una corte de menor instancia dictaminase que el Departamento de Seguridad Nacional no podía detener a inmigrantes que cumplieron su condena varios años antes.
En esa ocasión, el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones falló que el Gobierno podía detener sin fianza solo "inmediatamente después de su liberación de la custodia penal".
El fallo del Supremo, de mayoría conservadora tras el polémico ingreso en él del juez Brett Kavanaugh, coincide con una etapa en la que el Gobierno estadounidense ha adoptado una postura rígida para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Pese a que es difícil determinar la cantidad de personas que se verán afectadas por esta decisión judicial, el Gobierno tiene a diario a unos 30 mil inmigrantes en su custodia mientras determina si deben ser deportados o no.
Tras conocerse la resolución del Supremo, varias organizaciones civiles, como la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), lamentaron que el tribunal haya optado por una "interpretación extrema" de las leyes de inmigración.
"La Corte Suprema ha respaldado la interpretación más extrema de los estatutos de detención de inmigrantes, permitiendo el encarcelamiento masivo de personas sin ninguna audiencia, simplemente porque se están defendiendo contra un cargo de deportación", apuntó la directora legal de ACLU, Cecillia Wang.
"Continuaremos luchando contra el uso excesivo de la detención en el sistema de inmigración", agregó Wang en un comunicado publicado justo después del fallo.
