Los empleados de la popular fábrica de galletas, Tate's Bake Shop, ubicada en Long Island, denuncian que la gerencia supuestamente los amenazó con la deportación por sus intentos de sindicalizarse.
La fábrica, en Southampton, es famosa por sus galletas con chispas de chocolate y ha sido un icono de los Hamptons durante décadas. El negocio había sido propiedad local de su fundadora, Kathleen King, pero en 2018 se vendió al gigante de alimentos Mondelez International por $500 millones.
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El personal, la mayoría hispanos, denuncia que la gerencia supuestamente amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas al saber de su esfuerzo por adquirir la representación de un sindicato.
Los empleados afirman que la gerencia comenzó por amenazar a las personas por su estatus migratorio, diciéndoles que si sus documentos no estaban en regla e intentaban unirse al sindicato serían deportados.
Tate's tiene alrededor de 450 empleados, la mayoría de los cuales son inmigrantes indocumentados, según Gothamist.
Según la Ley Nacional de Relaciones Laborales, el acoso en respuesta a los esfuerzos de sindicalización es ilegal y los trabajadores están protegidos por la ley sin importar su estado migratorio.
Los organizadores afirman que Tate's también contrató a un consultor antisindical para frustrar sus esfuerzos.
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Los empleados recibirán boletas a finales de este mes y tienen hasta el 21 de abril para emitir su voto sobre la integración a un sindicato, pero algunos trabajadores se oponen, pues esto significa desembolsar $34 por cada cheque para el pago de cuotas sindicales.
La compañía se defendió el miércoles y dijo que la gerencia no emprendió represalias contra los trabajadores.
“Las acusaciones hechas contra Tate’s son categóricamente falsas. Apoyamos los derechos de nuestros empleados a decidir por sí mismos, si quieren estar en un sindicato. Respetamos sus derechos a un proceso de elección libre y justa que está en marcha con la Junta Nacional de Relaciones Laborales”, expresó la empresa en un comunicado.
Por su lado, la Junta Nacional de Relaciones Laborales hizo la siguiente declaración.
“La mayoría de los trabajadores, con o sin documentos, están protegidos por la ley, pero es posible que ciertos recursos, como el reintegro y el pago retroactivo, no estén disponibles para los trabajadores indocumentados según la decisión de la Corte Suprema de los EEUU”, indicó.
