nuevos lineamientos de USCIS

¿Solicitaste ayuda durante la pandemia? USCIS aclara su política de “carga pública”

USCIS está planteando un nuevo enfoque con la próxima regla final a fin de reducir el miedo entre los inmigrantes.

Telemundo

Si bien la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) eliminó de forma oficial la Regla de Carga Pública implementada por el expresidente Donald Trump, es preciso señalar que la agencia restableció las pautas de la Guías Provisionales de Campo de 1999 sobre Deportabilidad e Inadmisibilidad Basadas en Causales de Carga Pública, con base en la Sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). 

El pasado 24 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM, por sus siglas en inglés) sobre el motivo de inadmisibilidad por carga pública.

Después de completar un análisis de los comentarios públicos, el DHS publicará en julio o agosto una nueva regla final que establecerá nuevas regulaciones para definir la causa de inadmisibilidad por carga pública. La nueva regla final reemplazará en última instancia a la Guía de campo provisional de 1999.

La agencia de inmigración definió “carga pública” en 1999 como la situación en la cual una persona es “primariamente dependiente del gobierno para subsistir” al recibir asistencia pública en efectivo o apoyo financiado por el gobierno a largo plazo.

Aunque la regla de 1999 es menos punitiva que la impuesta por Trump, bajo esa política se le sigue negando la tarjeta de residencia o la visa temporal a un solicitante si “es probable que se conviertan en carga pública”.

Pero USCIS está planteando un nuevo enfoque con la próxima regla final a fin de reducir el miedo entre los inmigrantes. La agencia aclaró en un comunicado el viernes que aquellos que solicitaron ayuda del gobierno para enfrentar la pandemia de COVID-19 no serán “castigados”.

“[Los cambios son] para ayudar a reducir el miedo y la confusión innecesarios entre los inmigrantes y sus familias […] que pueden impedirles obtener acceso a servicios gubernamentales críticos disponibles para ellos”, se lee en el comunicado

Sin embargo, los inmigrantes deben tener en cuenta que los nuevos ajustes no significan que los oficiales de USCIS dejarán de implementar los lineamientos de carga pública en procesos migratorios, como la solicitud de residente permanente. 

USCIS aclaró que, con los nuevos ajustes, “pocos no ciudadanos” tendrán un impacto negativo al momento de hacer solicitudes migratorias, si es que se demuestra que tuvieron apoyos del gobierno para ayuda alimentaria o Medicaid durante “un largo periodo”.

La agencia federal señaló que los inmigrantes que han solicitado asistencia alimentaria, apoyo médico y ayuda para vivienda durante la pandemia no tendrían “consecuencias negativas” en su estado migratorio.

“Seguimos comprometidos a restaurar la confianza en nuestro sistema de inmigración legal”, indicó la agencia. 

“Nos aseguraremos de que los inmigrantes y sus familias, muchos de los cuales son trabajadores esenciales y de primera línea, no se vean disuadidos por miedo o confusión innecesarios para obtener acceso a importantes servicios gubernamentales para los que son elegibles para mantener a sus familias seguras y saludables”, agregó. 

Los inmigrantes que obtuvieron beneficios públicos relacionados con COVID-19 serán excluidos de la revisión sobre carga pública sobre dichos programas. La decisión de la agencia se fundamenta en la Orden Ejecutiva 14012 del presidente Joe Biden, que tiene el gran objetivo de establecer un sistema migratorio más “justo y humano”.

USCIS dijo que las vacunas o los beneficios públicos relacionados específicamente con la pandemia de COVID-19 no se consideran cuando los oficiales determinan la carga pública. 

“Alentamos a todos, incluidos los que no son ciudadanos, a buscar la atención médica necesaria, incluido el tratamiento o los servicios preventivos contra COVID-19”, instó la agencia. 

QUÉ ESPERAR DE LA NUEVA REGLA DE CARGA PÚBLICA 

Está previsto que la nueva regla se enfoque en el “castigo” a inmigrantes que soliciten dinero en efectivo al gobierno durante un largo periodo, en concordancia con la visión del gobierno de Biden. 

“El DHS propone no considerar los beneficios que no son en efectivo, como los programas de asistencia alimentaria y nutricional”, indicó USCIS en febrero pasado.

Los inmigrantes que soliciten la tarjeta verde podrían verse afectados si han solicitado ayuda económica constante, incluyendo seguro médico designado como “ayuda institucionalizada”, es decir, durante un largo periodo.

Esos beneficios son:

  • Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
  • Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
  • Asistencia en efectivo estatal, tribal, territorial y local para el mantenimiento de ingresos.
  • La institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno (como con el seguro médico).

Estas ayudas podrían llevar a la “inadmisibilidad” de un inmigrante durante su proceso con USCIS.

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El gobierno federal no puede derogar la política de carga pública, pues lo exige la ley de inmigración.

“Cualquier extranjero que, en opinión del funcionario consular en el momento de la solicitud de visa, o en opinión del Fiscal General en el momento de la solicitud de admisión o ajuste de estatus, es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública sea excluible”, indica la INA. 

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