Si bien Nueva Jersey no requerirá un pasaporte de vacuna COVID-19, el estado planea tomar medidas enérgicas contra la proliferación de cartillas de vacunación falsas, sin embargo, para los residentes la pregunta sigue siendo crucial: ¿cómo se demostrará si una persona está completamente inoculada contra el virus?
El FBI y los CDC advierten que las tarjetas de vacunación COVID-19 falsas son un problema creciente, pero, según un nuevo proyecto de ley en la Legislatura de Nueva Jersey, la creación de una cartilla falsa se convertirá en un delito punible con hasta 5 a 10 años de prisión.
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“Algunas personas simplemente no están interesadas en recibir la vacuna, pero desean asistir a sitios en particular en los que se exige la inoculación”, dijo el senador estatal Nick Scutari.
Desde el Yankee Stadium en El Bronx hasta los asilos de ancianos en Nueva Jersey ahora permiten que las personas completamente vacunadas omitan el distanciamiento físico, lo que crea un motivo para obtener una tarjeta de vacuna falsa.
"Cualquiera con una impresora láser y un poco de experiencia técnica probablemente podría fabricar una falsificación bastante decente", señaló Scutari.
"Los sitios de vacunación en Nueva Jersey usan la tarjeta de registro de vacunación COVID-19 de los CDC. El proveedor genera la tarjeta de vacuna; el Departamento de Salud no la emite", señaló el Departamento de Salud de Nueva Jersey en un comunicado:
Pero para registros oficiales, como admisiones universitarias, el Departamento de Salud opera el Sistema de Información de Inmunización de Nueva Jersey, donde el residente puede iniciar sesión y obtener un registro oficial de su vacunación.
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A pesar de todo esto, el gobernador Murphy cuestiona la necesidad de un pasaporte oficial de vacunación, incluso uno voluntario como en el estado de Nueva York.
“Creo que debemos tener mucho cuidado", dijo Murphy sobre el pasaporte de vacunación.
El proyecto de ley de Scutari también establecería sanciones para quienes compren tarjetas de vacunas falsas. El simple hecho de poseer uno sería castigado con hasta 18 meses de prisión y una multa de hasta $10,000.
