El gobernador Andrew Cuomo anunció el miércoles que Nueva York logró evadir el requisito del Gobierno federal de recabar la información personal de todos aquellos que se vacunen contra el coronavirus, una condición que generó preocupación entre los indocumentados, pues temen que las autoridades de Inmigración usen sus datos para efectuar un arresto o deportación.
El plan original del Gobierno federal pide que los estados permitan el uso de datos de identificación, los cuales pueden compartirse con múltiples agencias federales, incluidas las agencias de inmigración.
Los CDC requieren información como el nombre, la dirección y la identificación única para los receptores de la vacuna, lo que abarca el número de seguro social, pasaporte o licencia de conducir.
Pero Cuomo logró un acuerdo de los CDC para enmendar estos requisitos. Nueva York ya no está obligada a proveer esa información. El mandatario enfatizó que la información recabada se mantendrá bajo la confidencialidad que garantizan las leyes estatales para proteger a las comunidades inmigrantes.
Los CDC también acordaron que el uso y el acceso a cualquier información de Nueva York no se compartirá con ninguna otra agencia o entidad para fines no relacionados con la salud pública.
“En esencia, (el Gobierno federal) quería que los estados recopilaran números de seguro social, números de pasaporte o números de licencia de conducir para cualquier persona vacunada. Todas esto es una campana de alarma para las personas indocumentadas (...) es como si estuvieran tratando de usar la vacuna para identificar a personas indocumentadas”, dijo Cuomo durante una conferencia de prensa.
“Si las personas indocumentadas no se vacunan, eso compromete su salud y todo el programa (...) pero si ellos (el Gobierno federal) dicen ‘bueno, a los indocumentados los vamos a excluir prácticamente porque no van a participar’, entonces tienes el 50 por ciento de la población si inmunizar (...) no vamos a llegar a las comunidades negras, latinas y pobres”, añadió.
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Cuomo presionó en las últimas semanas a los CDC y a la Casa Blanca mediante cartas públicas para evitar exponer a las comunidades inmigrantes al asedio de las autoridades de inmigración.
