Mujeres inmigrantes reclaman por maltrato

Mujeres inmigrantes reclaman por abuso

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    SAN ANTONIO, Texas - Cinco mujeres inmigrantes centroamericanas buscan que el gobierno federal les pague una indemnización de millones de dólares por daños y perjuicios, bajo el argumento de que sufrieron daño físico y psicológico el tiempo que estuvieron detenidas junto con sus hijos, según documentos presentados el lunes ante la corte.

    Andrew Free, un abogado de inmigración de Nashville, Tennessee, que representa a las mujeres, presentó un reclamo por agravio contra el Departamento de Seguridad Nacional en el que aseguró que ellas y sus hijos recibieron tratamiento médico inadecuado, sufrieron trauma psicológico cuando estuvieron en detención y en algunos casos fueron encarceladas por error.

    El reclamo acusa además a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés). El ICE supervisa dos instalaciones de detención en el sur de Texas y una en Pensilvania en las que están detenidas actualmente unas 1,400 personas.

    El documento fue presentado apenas unos días después de que el gobierno se opuso al fallo de un juez federal que ordenó la libertad inmediata de los niños y sus madres. Las autoridades gubernamentales argumentan que tienen la intención de convertir las instalaciones en centros de procesamiento de corto plazo y que limitar el tiempo de detención de las familias podría desencadenar otra oleada de inmigrantes de Centroamérica.

    Video: Mujeres inmigrantes reclaman por abuso

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    Piden una indemnización de millones de dólares por daños y perjuicios, bajo el argumento de que sufrieron daño físico y psicológico el tiempo que estuvieron detenidas junto con sus hijos. (Publicado lunes 10 de agosto de 2015)

    Decenas de miles de familias de inmigrantes, en su mayoría centroamericanas, cruzaron el río Bravo (río Grande) hacia Estados Unidos a mediados del año pasado. Muchas han solicitado asilo después de haber huido de la violencia familiar y de las pandillas en sus países.

    Gillian Christensen, vocera del ICE, se negó a comentar sobre el litigio pendiente debido a que es la política de la agencia. Pero dijo que la dependencia gubernamental asegura que los centros operan en un "ambiente abierto" y son "una alternativa efectiva y humana para mantener la unidad familiar mientras las familias pasan por los procesos de inmigración o esperan regresar a sus naciones de origen". Las instalaciones proporcionan acceso a áreas de juego, servicios de educación, de atención médica y asesoría jurídica, señaló.

    Funcionarios del ICE han dicho que era necesario detener a las familias para asegurarse de que no se introdujeran al país y no se volviera a saber de ellas.

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    Pero Free dijo que en la realidad las condiciones de detención de las familias son muy distintas, que el gobierno "ha caído debajo del estándar de atención que debe a estos detenidos", y que ha violado sus derechos de solicitantes de asilo al utilizar los centros de detención como una fuerza disuasiva para que no vengan a la frontera.

    "Esperamos que éste sea el primero de una serie larga de documentos sobre el maltrato a estas mujeres y niños en representación del gobierno", señaló Free.

    Entre los que reclaman en el documento de 60 páginas, todos de Guatemala, Honduras o El Salvador, está una mujer que dijo que recibió mala atención para una lesión de oído porque no pudo comunicarse con el personal médico en su lengua indígena. Otra dijo que sus hijos estuvieron entre 250 niños a quienes se les aplicó por error una dosis alta de vacunación para la hepatitis tipo A, a pesar de tener pruebas de que ya habían sido vacunados con anterioridad.