Después de haber logrado enfocar la atención nacional e internacional en las reformas estructurales, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, inicia este lunes su tercer año de gestión inmerso en una grave crisis de violencia y credibilidad.
Desde el inicio del Gobierno de Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, que trajo de vuelta al poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras una ausencia de 12 años, la prensa ha seguido de cerca el proceso legislativo de reformas de gran calado, incluyendo una que abrió el sector energético a la iniciativa privada después de más de siete décadas de monopolio estatal.
Y las reformas también se convirtieron en el punto focal de la discusión política y las protestas sociales, como ocurrió con la educativa, que establece un sistema de evaluación para la contratación, permanencia y promoción del personal docente, y a la que se opone un sector del magisterio reacio a ceder sus prerrogativas.
Mientras, Peña Nieto cosechaba elogios de dignatarios extranjeros que visitaban México, de cuyos discursos desaparecieron las expresiones de preocupación por la violencia vinculada al combate al crimen organizado y a las violaciones a los derechos humanos que marcaron al Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
Pero todo ello comenzó a desmoronarse en meses recientes a raíz de que salieran a la luz dos incidentes que revelan lo poco que el país ha cambiado más allá del papel.
Tlatlaya y Ayotzinapa
El primero fue la muerte de 22 civiles el 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, central Estado de México, de los cuales ocho fueron ejecutados por militares tras un choque armado, según la fiscalía, y 15 de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
México
Un tribunal inició a principios de noviembre un juicio contra siete militares implicados en los hechos de Tlatlaya, que serán procesados por delitos como homicidio calificado, ejercicio indebido de servicio público y encubrimiento.
El segundo incidente, el de mayores repercusiones, fue la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural para maestros el 26 de septiembre en Iguala, estado sureño de Guerrero, a manos de policías e integrantes de una agrupación criminal.
Las desapariciones, por las que está siendo procesado el exalcalde José Luis Abarca como presunto autor intelectual, entre otros acusados, han desatado multitudinarias y a veces violentas protestas para exigir que las víctimas aparezcan con vida.
Y es que los padres, sus compañeros y una parte de la sociedad no cree en la principal línea de investigación de la fiscalía, basada en el testimonio de tres detenidos, según la cual los jóvenes fueron capturados por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, que se encargó de asesinarlos e incinerarlos para borrar su rastro.
La "Casa Blanca"
Aunado a estos acontecimientos, el presidente hizo público su patrimonio personal en días recientes, en respuesta a la polémica sobre el origen de una lujosa mansión de su esposa, Angélica Rivera, que ha caldeado más los ánimos.
Según el reportaje que sacó el caso a la luz, la propiedad fue construida por la empresa Higa, que ganó varios proyectos de infraestructura en el Estado de México cuando Peña era gobernador de esa entidad vecina de la capital.
Higa tiene participación en la empresa Teya, socia de China Railway Construction Company, que este año ganó una licitación para construir un tren de alta velocidad en el país. El mandatario revocó esa licitación el 6 de noviembre, justo dos días antes de que el reportaje fuera publicado.
Apremiado en el país y con su estrella internacional en declive por estos hechos, Peña Nieto anunció el jueves pasado un nuevo plan de seguridad para México.
Fiel a la fórmula que le dio resultado en el arranque de su sexenio, indicó que este lunes, cuando cumple dos años en la Presidencia, presentará al Congreso tres reformas constitucionales.
Una es para crear policías únicas en las 32 entidades federativas del país, otra para combatir la infiltración del crimen organizado en las alcaldías y una más para definir la competencia de cada autoridad en la lucha contra el delito.
El gobernante reveló también la creación de tres zonas económicas especiales que abarcan Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, los estados más pobres del país, a través de una iniciativa legal que será enviada al Congreso en febrero de 2015.
El objetivo es alentar la inversión y la creación de empleos bien remunerados con infraestructura moderna, seguridad, facilidades para el comercio exterior, y descuentos en impuestos y contribuciones.
Los principales partidos de oposición anunciaron que evaluarán a fondo la estrategia, pero de entrada señalaron deficiencias en cuanto a la falta de autocrítica del mandatario.
El anuncio de Peña Nieto se produjo en una nueva jornada de violencia, tras el hallazgo de los cuerpos decapitados y con signos de calcinación de 11 jóvenes en Chilapa de Álvarez, Guerrero.
A diferencia de la lentitud con que se hizo cargo de las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes en Iguala, la fiscalía federal asumió de inmediato el caso de los decapitados
