NUEVA JERSEY -- El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó el jueves una revisión de las reglas para obtener un permiso de portación de armas de fuego, legislación que fue impulsada por el fallo de la Corte Suprema de EEUU de este verano que amplía los derechos de armas.
“Si bien estamos obligados a seguir el fallo de la Corte Suprema, también estamos obligados a hacer todo lo posible para asegurarnos de que las armas no proliferen”, dijo Murphy, un demócrata, antes de firmar la medida durante una ceremonia en Scotch Plains.
El Senado liderado por los demócratas aprobó la medida el lunes y la envió al escritorio de Murphy. Los republicanos se habían opuesto a la legislación, planteando dudas sobre su constitucionalidad, y los defensores del derecho a portar armas predijeron que no pasaría el examen constitucional.
“Al firmar esta legislación, el gobernador Murphy ha terminado efectivamente con cualquier posibilidad de ser elegido para un cargo más alto fuera de Nueva Jersey y ha confirmado que la Constitución está de hecho 'por encima de su nivel salarial'”, dijo Scott Bach, director de la Asociación de clubes de rifle y pistola de Nueva Jersey.
La legislación elimina el requisito actual de Nueva Jersey de que aquellos que buscan un permiso para portar un arma de fuego muestren una "necesidad justificada" y sean de "buen carácter" para reflejar el fallo de junio de la Corte Suprema. Otros cambios en la legislación incluyen inhabilitaciones para quienes hayan sido recluidos por su salud mental, personas que hayan tenido órdenes de alejamiento como cualquier “prófugo de la justicia”.
La medida también exige el fin de un sistema de permisos en papel que usaba documentos cuadruplicados para registrar a los solicitantes. También establecería un portal de venta de armas en línea que aún no se ha creado.
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Aumenta de tres a cuatro el número de visados de personas ajenas a la familia para obtener un permiso. También tendrían que ser entrevistados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
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La medida también aumenta los requisitos de capacitación, ya que requiere instrucción en línea, presencial en el aula y de tiro al blanco. Y requeriría que los portadores de permisos tengan un seguro de responsabilidad civil.
Prohíbe que las personas lleven equipaje en muchos lugares públicos, incluidos edificios estatales, escuelas, lugares de votación, guarderías, parques y playas de propiedad pública, así como salas de conciertos y bares.
