SAN DIEGO - Un juez federal instó el jueves al gobierno del presidente Donald Trump a hacer más para ayudar a los investigadores designados por la corte para encontrar a los cientos de padres que aún están separados de sus hijos, tres años después de que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos.
Un documento de la corte reveló esta semana que los investigadores no han podido rastrear a los padres de 545 menores de edad, una cifra mucho mayor a las conocidas previamente y que generó indignación. La mayoría de los padres fueron deportados a sus países de origen en Centroamérica, y sus hijos fueron colocados con tutores en Estados Unidos, por lo general familiares.
El juez federal Dana Sabraw se abstuvo de emitir una orden durante una audiencia en San Diego, y en su lugar solicitó a los abogados del Departamento de Justicia que exploraran la forma en que el gobierno pueda facilitar la localización de los padres.
Los intentos por encontrar a las familias separadas de sus hijos se han llevado a cabo desde que Sabraw ordenó al gobierno en 2018 poner fin a la criticada práctica derivada de su política de “tolerancia cero” para las personas que cruzaban ilegalmente la frontera.
Inicialmente, Sabraw le ordenó al gobierno reunir a más de 2,700 menores con sus familiares, creyendo que se trataba de la cifra total de familias separadas. Sin embargo, posteriormente fueron descubiertos otros 1,556 menores que fueron separados de sus padres desde el verano de 2017, entre ellos los 545 niños que siguen sin reunirse con sus padres.
El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) Lee Gerent, que presentó una demanda en contra de esa práctica, dijo que el gobierno podría proporcionar fondos para la búsqueda, que actualmente llevan a cabo unos cuantos defensores de los derechos humanos en Centroamérica.
Cuando el tema atrajo atención originalmente, las autoridades federales no estaban interesadas en buscar a los padres, recalcó Gerent, pero eso cambió cuando se presentó toda esa indignación sobre el número de padres que fueron deportados sin sus hijos.
“Después de las críticas, el gobierno ahora asegura que quiere ayudar a encontrar a estas familias”, comentó el abogado.
La actitud reticente del gobierno ha complicado todavía más la localización de los padres, debido a todo el tiempo que ha transcurrido, puntualizó.
Las restricciones relacionadas con el coronavirus impidieron que los investigadores visitaran muchas áreas entre marzo y agosto, pero a medida que esas restricciones se relajen, los investigadores esperan progresar en las próximas semanas.
Las autoridades federales han proporcionado números telefónicos de 1,030 menores a una comisión rectora designada por la corte, que localizó a los padres de 485 de esos niños.
La comisión ha contratado vallas publicitarias para informar de números telefónicos gratuitos y anuncios en otros medios en Centroamérica con el objetivo de localizar a las familias.
Voluntarios han buscado a los padres en Guatemala y Honduras, sea yendo puerta por puerta o a través de registros públicos, indicó la ACLU en un documento presentado ante el tribunal.
El juez solicitó una actualización el 2 de diciembre y fijó una nueva audiencia dos días después para discutir sobre el progreso.
“Esta, desde luego, es la pieza faltante más importante” en cuanto a la separación de familias, recalcó Sabraw.
El representante federal Joaquín Castro, demócrata por Texas y presidente de la bancada hispana del Congreso, dijo que el gobierno necesita permitir que los padres que fueron deportados sin sus hijos vuelvan a Estados Unidos y se les brinde la oportunidad de convertirse en residentes legales permanentes y, eventualmente, en ciudadanos estadounidenses.
Únicamente nueve padres que fueron separados de sus hijos recibieron autorización para regresar al país en enero pasado.
Castro también pidió la creación de una comisión especial, tal vez en forma de una comisión de derechos humanos, para investigar el daño causado por la separación masiva de familias entre 2017 y 2018.
“Esta fue una crueldad coordinada, un maltrato coordinado, a los niveles más altos y más bajos del gobierno de Estados Unidos”, comentó Castro.
