Los legisladores estatales dieron el martes el primer paso para poner fin a la emergencia de salud pública causada por el COVID-19 el año pasado, pero el gobernador Phil Murphy aún retendría vastos poderes sobre ciertas directrices, entre ellas la protección de los inquilinos y propietarios de viviendas con dificultades financieras.
Aunque un proyecto de ley presentado en la Asamblea anularía docenas de órdenes ejecutivas que Murphy implementó durante la pandemia, el mandatario mantendría la autoridad para imponer directrices a los hospitales y las instalaciones de atención a largo plazo.
El proyecto de ley también deja en efecto un estado de emergencia separado y 15 de las órdenes ejecutivas del gobernador, incluida la capacidad de endurecer las restricciones en caso de que aumenten las hospitalizaciones o la tasa de transmisión suba por encima de 1.
El proyecto de ley que pondría fin a la declaración de emergencia indica que, "de ninguna manera disminuirá, limitará o menoscabará los poderes del gobernador o del jefe de una agencia estatal" bajo una ley separada, la Ley de Defensa Civil y Control de Desastres.
Esa ley también le da al gobernador amplios poderes para dictar órdenes, reglas y regulaciones "según sea necesario”.
Pero el pasillo republicano criticó el proyecto de ley, pues, según argumentan los legisladores, ‘le da al gobernador, esencialmente, todos los poderes de tener una emergencia de salud sin tener una emergencia de salud’.
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El proyecto de ley se presenta cuando Murphy está bajo fuego por su decisión de rechazar las guías de los CDC para anular el uso de las mascarillas entre los vacunados en la mayoría de los sitios, lo que convierte a Nueva Jersey en el único estado de los EEUU que mantiene el requisito. Hawaii también requiere mascarillas faciales.
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Murphy ha sido criticado durante meses por los republicanos por su uso de los poderes ejecutivos en la pandemia, pero las encuestas recientes muestran un fuerte apoyo a las medidas que ha tomado.
La semana pasada, Murphy dijo que permitiría la expiración de la emergencia de salud pública el próximo mes siempre que los legisladores le enviaran una legislación que le diera las "herramientas necesarias para manejar la amenaza actual a la salud pública", así como las vacunas.
"No creo que ningún estado haya disfrutado del compromiso extremadamente constructivo, desde el primer momento, que hemos tenido con el liderazgo legislativo", dijo Murphy el lunes.
Murphy declaró la emergencia de salud pública y el estado de emergencia en marzo de 2020, solo unos días después de que el estado registrara su primer caso conocido de COVID-19.
La emergencia de salud pública tiene que ser renovada cada 30 días por el gobernador para mantener las protecciones.
El principal patrocinador del proyecto de ley es el presidente de la Asamblea, Craig Coughlin, demócrata de Middlesex, pero no compareció ante el Comité de Asignaciones de la Asamblea, que lo aprobó.
No se ha introducido ninguna versión del Senado. Ambas cámaras deben aprobar una legislación para enviarla a Murphy para su consideración.
El proyecto de ley presentado en la Asamblea detalla qué poderes los legisladores demócratas creen que Murphy debería mantener y qué políticas deberían o no permanecer en vigor hasta el 1 de enero.
Se mantendría la moratoria sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias, dando un respiro a los inquilinos y propietarios que luchan por hacer los pagos. También mantendría ciertas exenciones de salud vigentes que brindan flexibilidad a las instalaciones de atención médica para traer ayuda de fuera del estado o aumentar la cantidad de camas de cuidados críticos.
Y con la temporada de verano que se avecina, el proyecto de ley mantendrá la orden de Murphy que permite que los restaurantes continúen con el servicio en el exterior.
El proyecto de ley de Coughlin contempla que los trabajadores de hospitales y hogares de ancianos continuarán protegidos de demandas, excepto en ciertos casos, una medida que adoptó el estado durante la pandemia.
Algunos legisladores y grupos de defensa dicen que las protecciones legales deberían haber terminado hace meses, como lo han hecho otros estados cercanos. El propio Murphy ha dicho que la inmunidad "no ha estado en mi lista" de razones para mantener la emergencia sanitaria.
Antes de que se presentara el proyecto de ley el martes, la líder de la mayoría del Senado, Loretta Weinberg, se unió al pequeño grupo de legisladores que expresaron su apoyo para levantar la inmunidad.
Por otro lado, Murphy también retendría el control de algunos protocolos COVID bajo el proyecto de ley.
Si bien dijo que medidas como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y los límites de reunión "solo se modificarán de manera que proporcionen medidas menos restrictivas", eso solo se aplica a menos que el estado alcance tasas de contagio elevadas.
El proyecto de ley dice que el gobernador puede ser más restrictivo con los protocolos de seguridad si hay "un aumento en las hospitalizaciones, una mayor positividad puntual o una tasa de transmisión superior a 1”.
