El régimen de excepción en El Salvador cumplió un año a pesar de que originalmente se suponía que duraría solo un mes.
Fue el primer aniversario de la solicitud del presidente Nayib Bukele de poderes especiales para perseguir a las pandillas el pasado 27 de marzo de 2022, luego de un aumento en la violencia en el que 62 personas fueron asesinadas en un solo día.
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La legislatura del país ha votado todos los meses desde entonces para renovar las medidas, que suspenden algunos derechos.
En el año transcurrido desde entonces, un total de 66,417 personas han sido arrestadas y 4,304 han sido liberadas. Los grupos de derechos humanos argumentan que ha habido 111 muertes bajo custodia y 5,802 casos sospechosos de violaciones de derechos.
El decreto de emergencia ha reducido la violencia y se ha vuelto popular en un país donde las pandillas callejeras como MS-13 y Barrio 18 han matado y extorsionado a los residentes durante mucho tiempo.
RESIDENTES Y FUNCIONARIOS APOYAN LA MEDIDA
Jorge Ezequiel Bran, un vendedor de "hot dogs" de 25 años, dijo que aprobaba la represión, aunque reconoció que ha habido abusos.
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“No es ningún secreto que ha habido arrestos injustos”, aceptó Bran. “Siempre habrá errores, nada es perfecto, pero para mí (la represión) es buena”.
Las encuestas sugieren que más de ocho de cada 10 salvadoreños apoyan las medidas.
En el Congreso salvadoreño, el estado de excepción fue defendido por el partido oficial y criticado por la oposición. El jefe de la bancada oficial Nuevas Ideas, Christian Guevara, lo calificó como “sumamente rentable para los salvadoreños” por la atracción de turismo e inversión y la libertad de movimiento de los estudiantes.
Al recordar el pasado 27 de marzo cuando ocurrió la última ola de homicidios, Bukele escribió en su cuenta de Twitter “ese fue uno de los días más difíciles de mi vida”.
Refiriéndose a los informes policiales de que no hubo asesinatos en El Salvador el domingo, Bukele escribió triunfante: “Ahora, un año después, cerramos con cero homicidios, y marzo de 2023 va camino de ser el mes más seguro de nuestra historia”.
DETENCIONES ARBITRARIAS Y MÁS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Bajo los poderes especiales, la policía no tiene que decirle a alguien que está siendo arrestado el motivo o informarle de sus derechos. Alguien arrestado no tiene derecho a un abogado y puede estar detenido durante 15 días sin ver a un juez en lugar de las 72 horas anteriores. Las líneas telefónicas se pueden interceptar más fácilmente.
En un reporte, Humans Right Watch y Cristosal denunciaron haber documentado en El Salvador más de 1,000 casos de graves violaciones a los derechos humanos tales como el arresto de 1,600 niños, abusos por parte de oficiales, entre otros.
El lunes, una red de organizaciones salvadoreñas, entre las cuales está Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), reportaron en el primer año 111 muertes de detenidos, 4,723 casos de violaciones a derechos humanos en los cuales hay 5,802 presuntas víctimas directas por capturas arbitrarias, tortura, falta de debido proceso, allanamiento de morada, amenazas, acoso policial, malos tratos o tratos crueles o degradantes.
A pesar de que múltiples organizaciones han recomendado al gobierno de Bukele terminar con el régimen y adoptar medidas punitivas con un enfoque holístico sobre el fenómeno del crimen, el mandatario rechazó la exhortación e insistió en continuar con las prácticas.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo a un canal de televisión local que cree que el gobierno aún tiene que arrestar al “35% de los miembros (de pandillas)”.
De hecho, sus expresiones surgen luego de que Bukele anunciara que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ya alberga cerca de 4,000 reos. Se trata del centro penitenciario más grande de Lationamérica y el que algunos han catalogado como "la cárcel más criticada del mundo".
De hecho, el gobierno ha utilizado tácticas controvertidas como encerrar a miles de sospechosos de pandillas en una enorme prisión nueva construida especialmente para pandilleros. En otras prisiones, los reclusos estaban hacinados y se les redujeron las raciones de alimentos.
Un video reciente del gobierno publicado en las redes sociales mostraba a los prisioneros obligados a correr descalzos y esposados por las escaleras y por el suelo desnudo, vestidos solo con pantalones cortos blancos reglamentarios. Luego los obligaron a sentarse con las piernas trabadas en grupos muy apretados en celdas.
Villatoro negó las acusaciones de que Bukele había negociado con las pandillas antes de declarar la represión. Dijo que “no podía ser posible”.
El Departamento del Tesoro de EEUU alega que el gobierno de Bukele había tratado previamente de comprar el apoyo de las pandillas con beneficios financieros y privilegios para sus líderes encarcelados, incluidas prostitutas y teléfonos celulares.
Una coalición de grupos locales de derechos afirma haber documentado 111 muertes de sospechosos bajo custodia y 5,802 casos de abusos contra los derechos humanos bajo el estado de emergencia, incluidos tratos crueles y degradantes.
Anabel Belloso, legisladora del partido izquierdista FMLN, dijo que la represión ha provocado “arrestos masivos sin investigación”, barriendo “tanto a inocentes como a culpables”.
