NUEVA YORK -- Los fiscales generales de Nueva York, Letitia James, y del Distrito de Columbia, Karl Racine, lideran una demanda presentada el jueves para evitar que la Administración Trump elimine la asistencia alimentaria para casi 700,000 estadounidenses, dijo la oficina de James.
La demanda, a la que se unieron 13 fiscales generales, incluyendo los de Nueva Jersey y Connecticut, así como la ciudad de Nueva York, desafía una regla del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que limitaría la capacidad de los estados de extender los beneficios de la Asistencia Nutricional Suplementaria Programa (SNAP), comúnmente conocido como "cupones de alimentos", más allá de un período de tres meses para ciertos adultos.
Según la demanda, la regla negaría el acceso a la asistencia alimentaria para más de 50,000 personas en la ciudad de Nueva York y pondría a miles más en todo el estado de Nueva York en riesgo de pasar hambre.
La demanda afirma que la regla socava directamente la intención del Congreso para SNAP, y que el USDA violó el proceso de reglamentación federal.
Además, la coalición argumenta que la regla impondría cargas significativas a los estados y dañaría las economías y los residentes.
"Los proyectos piloto también demuestran que el Congreso no cree, como USDA afirma en la Regla, que requisitos de trabajo más estrictos necesariamente conducirán a más empleo y autosuficiencia en todos los casos ", dice la demanda.
La coalición insta a la corte a declarar ilegal la norma y a emitir un mandato judicial para evitar que entre en vigencia el 1 de abril.
"El último ataque del gobierno federal contra personas vulnerables es cruel en esencia", dijo James en un comunicado. “Negar el acceso a beneficios vitales de SNAP solo empujaría a cientos de miles de estadounidenses ya vulnerables a una mayor incertidumbre económica. Al hacerlo, los estados tendrán que lidiar con el aumento de los costos de atención médica y la falta de vivienda que resultará de esta política mal concebida ".
Desde 1977, el programa SNAP brinda acceso a alimentos a millones de estadounidenses con ingresos limitados y, por lo tanto, con inseguridad alimentaria. Aunque el gobierno federal paga el costo total de los beneficios de SNAP, comparte los costos de administrar el programa con los estados, que operan el programa.
El Congreso modificó SNAP en 1996 para incitar una mayor participación de trabajo entre los beneficiarios. Los cambios introdujeron un límite de tiempo de tres meses para los beneficios de SNAP para personas desempleadas de 18 a 49 años que no están discapacitadas o crían niños, conocidos como "adultos aptos sin dependientes" (o ABAWD por sus siglas en inglés).
Sin embargo, la ley permite que un estado adquiera una exención del límite de tiempo de ABAWD para áreas donde la tasa de desempleo es superior al 10%, o si presenta datos que demuestren que el área carece de suficientes empleos para ABAWD, explicó la oficina de James.
Durante los últimos 24 años, el Congreso ha mantenido los criterios para que los estados obtengan exenciones y el transferir de exenciones no utilizadas. Después de que el presidente Donald Trump promulgó la Ley Agrícola de 2018, el USDA anunció una propuesta que buscó cambios casi idénticos a los rechazados por el Congreso.
En la demanda, los estados argumentan colectivamente que la regla de la administración contradice el lenguaje legal y la intención del Congreso para el programa de cupones para alimentos, aumenta los costos de atención médica y de desamparados al mismo tiempo que reduce la actividad económica en los estados, modifica la ley por razones arbitrarias y caprichosas y viola el proceso de elaboración de normas federales.
California, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Virginia son los otros estados que participan en la demanda.
Nuestra cadena hermana News 4 Nueva York se comunicó con el USDA en busca de comentarios. El departamento dijo que no comenta sobre casos pendientes.
