NJ llega a un acuerdo millonario con reclusas tras acusaciones de abuso y acoso

NUEVA JERSEY -- Nueva Jersey y las reclusas en la única prisión para mujeres del estado han llegado a un acuerdo de casi $21 millones por acusaciones de abuso y acoso en las instalaciones, dijo el comisionado de Correccionales Marcus Hicks a los legisladores el jueves durante una audiencia.

Hicks también dijo que el Departamento de Correcciones ha llegado a un acuerdo "tentativo" con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la reforma del Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan en Clinton, aunque los detalles del acuerdo aún no son públicos.

El acuerdo cubre 20 demandas presentadas por reclusas actuales y anteriores que dicen haber sido víctimas directas de conducta sexual inapropiada, así como todos las reclusas encarceladas desde el 1 de enero de 2014. El estado proporcionará $20,835,600 en daños y honorarios de abogados a las mujeres en lo que el Departamento de Correcciones denominaron una cantidad "sin precedentes" de compensación destinada a aliviar la cultura bien documentada de aceptar el abuso.

"Mi administración está marcando el comienzo de una nueva era en correcciones con la seguridad y la rehabilitación en su núcleo para mantener la seguridad dentro de nuestras instalaciones”, dijo Hicks al Comité Judicial de la Asamblea el jueves, su primer testimonio público desde que el fiscal general estatal, Gurbir Grewal, anunció en febrero que acusó a los guardias de prisión de Edna Mahan de mala conducta en un ataque a las reclusas.

Los abogados de las mujeres dijeron en un comunicado que las negociaciones fueron prolongadas y difíciles, pero agregaron que el acuerdo junto con otras reformas les permitirá "pasar página de este capítulo difícil".

No se investigaron en detalle durante la audiencia los eventos del ataque del 11 y 12 de enero a las reclusas, según lo descrito por Grewal, debido a una investigación criminal en curso que hasta ahora ha dado lugar a cargos contra ocho guardias de la prisión, todos menos uno de ellos son hombres - e hizo un llamado para la dimisión de Hicks.

El gobernador demócrata Phil Murphy, quien tiene la autoridad para destituir a Hicks, se ha negado a intervenir más allá de condenar el ataque descrito por Grewal. Ha contratado a un abogado para que lleve a cabo lo que él llama una investigación independiente sobre lo sucedido.

Hicks dijo el jueves que su administración está cooperando con la investigación. También repudió a los involucrados en el ataque, diciendo que violaron las políticas de cero tolerancia del departamento.

"Nadie se merece el trato horrible que estas mujeres soportaron", dijo Hicks a los legisladores.

Sin embargo, su defensa no convenció a algunos legisladores.

"Claramente, algo salió mal, por lo que hubo un fracaso", dijo la asambleísta republicana Nancy Muñoz.

Según Grewal, a última hora del 11 de enero y hasta la madrugada del 12 de enero, unas dos docenas de guardias entraron en parte de la prisión y comenzaron a sacar a las presas. No se ha dado un motivo, pero Grewal ha dicho que saldría más información.

Una víctima fue rociada con gas pimienta antes de que el equipo de guardias ingresara a su celda, según Grewal, y luego recibió unos 28 puñetazos en la cara y cerca de ella, a pesar de que tenía los brazos en alto y trataba de protegerse.

Hubo al menos seis víctimas en el ataque de enero, dijo Grewal.

Los guardias también intentaron encubrir el ataque presentando informes falsos, según una declaración jurada presentada por el estado.

Los abogados de muchos de los guardias han dicho que sus clientes planean declararse inocentes. Los abogados de algunos no han respondido a las solicitudes de comentarios o aún no han sido identificados.

El ataque de enero siguió a un informe de abril de 2020 del Departamento de Justicia de Estados Unidos que documentaba una "cultura de aceptación" de la mala conducta. El informe sobre la prisión, ubicada a más de 80 kilómetros (50 millas) al oeste de la ciudad de Nueva York, documentó que cinco guardias y un trabajador civil de la prisión se declararon culpables o fueron condenados por abusar sexualmente de más de 10 mujeres entre 2016 y 2019.

El informe encontró que no había suficientes cámaras y que un cuarto de almacenamiento sin cámara de vigilancia tenía un colchón.

Los guardias solían llamar a las prisioneras con apodos despectivos, comentaban gráficamente sus apariencias y comentaban sus inclinaciones sexuales.

El informe también encontró que cuando las reclusas denunciaron abusos, la respuesta podría ser una represalia, con las reclusas sometidas a escáneres de orificios corporales y luego colocados en confinamiento solitario.

El jueves, Hicks describió lo que calificó como reformas en la prisión, incluida la implementación de cámaras corporales, además de llenar todos los puestos de liderazgo en la prisión con mujeres.

El incidente de enero llevó al Senado estatal a aprobar una resolución que buscaba la destitución de Hicks, y se redactó una resolución de juicio político en la Asamblea, donde obtuvo el apoyo de ambos partidos.

Hicks defendió su mandato, citando una carrera en el servicio público y los esfuerzos por hacer "cambios reales" en el departamento, donde se convirtió en comisionado en 2018.