NUEVA YORK -- Un juez federal bloqueó temporalmente el jueves la parte de una ley del estado de Nueva York que tipifica como delito que las personas porten armas en los lugares de culto.
El juez de distrito de EEUU John Sinatra Jr. se puso del lado de dos clérigos del área de Buffalo junto con dos organizaciones de derechos de armas que habían demandado y buscado una orden de restricción temporal para detener la aplicación de la ley mientras avanza el caso.
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Las dos partes están programadas para discutir el asunto en la corte el 3 de noviembre mientras Sinatra evalúa si ir más allá y emitir una orden judicial preliminar.
Los legisladores de Nueva York reescribieron las leyes de armas del estado el verano pasado después de que la Corte Suprema de los EEUU invalidara el antiguo sistema del estado de otorgar permisos para portar armas de fuego fuera del hogar. Entre las disposiciones de la nueva ley estaba la prohibición de las armas de fuego en los lugares de culto y otros lugares considerados "sensibles".
En su fallo, Sinatra sostuvo que el estado no demostró que la restricción se correspondiera con el fallo de la Corte Suprema en junio y escribió que permitir que las personas porten armas en los lugares de culto “serviría al interés público de fomentar la autodefensa en lugares de culto en todo el estado”.
Sin ella, escribió Sinatra, “la ley crea una población vulnerable de asistentes a los lugares de culto que quedan a merced de posibles malhechores armados que no están interesados en cumplir la ley en ningún caso”.
El estado había argumentado que había un precedente histórico para prohibir las armas en los lugares de culto, citando leyes de finales del siglo XIX en Texas, Georgia, Missouri y Virginia. Pero Sinatra los descartó como "valores atípicos" que no constituían una tradición de prohibiciones aceptadas.
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La ley de Nueva York ha enfrentado otros desafíos legales. Este mes, un juez federal en Syracuse suspendió varias de las nuevas reglas de licencia del estado para portar armas en público, incluida una que obligaba a los solicitantes a entregar información sobre sus cuentas de redes sociales.
El estado apeló y aproximadamente una semana después, un tribunal federal de apelaciones permitió que Nueva York siguiera aplicando la nueva ley mientras consideraba el fallo del tribunal inferior.
