Lo que debes saber
- Todos los empleados estatales de Connecticut, los maestros y el personal de escuelas K-12 y el personal de escuelas infantiles tendrán la obligación de vacunarse contra el COVID-19 antes del 27 de septiembre o tendrán que seguir una opción de someterse a pruebas, anunció el jueves el gobernador Ned Lamont.
- El nuevo mandato estatal se produce en medio de nuevas preocupaciones sobre la variante delta y el aumento del número de casos de coronavirus en el estado donde las tasas de infección y hospitalizaciones se encuentran en niveles no vistos desde la primavera.
- Aquellos empleados elegibles para una opción de prueba que opten por realizar la prueba en lugar de recibir la vacuna deberán hacerlo semanalmente, según el gobernador. Los empleados estatales en las instalaciones hospitalarias no tendrán una opción de prueba, dijo Lamont.
CONNECTICUT -- Todos los empleados estatales de Connecticut, los maestros y el personal de escuelas K-12 y el personal de escuelas infantiles tendrán la obligación de vacunarse contra el COVID-19 antes del 27 de septiembre o tendrán que seguir una opción de someterse a pruebas, anunció el jueves el gobernador Ned Lamont.
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El nuevo mandato estatal se produce en medio de nuevas preocupaciones sobre la variante delta y el aumento del número de casos de coronavirus en el estado donde las tasas de infección y hospitalizaciones se encuentran en niveles no vistos desde la primavera.
Aquellos empleados elegibles para una opción de prueba que opten por realizar la prueba en lugar de recibir la vacuna deberán hacerlo semanalmente, según el gobernador. Los empleados estatales en las instalaciones hospitalarias no tendrán una opción de prueba, dijo Lamont.
El mandato de la vacuna incluye a los empleados de atención a largo plazo, un mandato que se anunció previamente y entra en vigor el 7 de septiembre.
Los mandatos de la vacuna tienen adaptaciones para exenciones médicas o "creencias religiosas sinceras", dijo la comisionada estatal interina de salud pública, Deidre Gifford.
Las exenciones médicas tendrían que ser documentadas por un profesional de la salud, dijo Gifford.
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Según Gifford, el plan de seguro médico actual para los empleados estatales no paga por las pruebas de COVID-19 de personas asintomáticas, por lo que aquellos que opten por la ruta de prueba deberán pagar de su bolsillo tal como está el sistema en la actualidad.
Lo que no está claro es lo que ocurrirá el 30 de septiembre cuando expire la autoridad del poder ejecutivo del gobernador. Según Lamont, con su autoridad sobre la crisis de COVID-19 programada para terminar a fin de mes, también lo hará este mandato de vacuna a menos que él y la legislatura puedan llegar a un acuerdo.
