abuso sexual

Concejales de Boy Scouts bajo presión para que divulguen los costos de abuso sexual

Varias demandas por abuso sexual fueron presentadas contra tres concejos locales de Boy Scouts en Nueva York .

NUEVA YORK - El martes se presentaron nueve demandas por abuso sexual en Nueva York contra tres concejos locales de Boy Scouts, lo que indica una escalada de esfuerzos para presionar a las entidades en todo el país para que paguen una gran parte de un posible acuerdo en los procedimientos de su quiebra.

Las demandas se presentaron poco después de una flexibilización de las reglas de bloqueo de coronavirus que permitieron a los tribunales en algunas partes de Nueva York reanudar el manejo de casos civiles.

Uno de los abogados que coordina la presentación, Mike Pfau, dijo que su firma con sede en Seattle espera presentar muchos más juicios en otras partes de Nueva York, así como en Nueva Jersey y California, después de la reapertura total de los tribunales allí.

Otras dos firmas, Crew Janci LLP, con sede en Oregón, y Hurley McKenna & Mertz, con sede en Chicago, dijeron que tenían planes similares, lo que indica que podría haber cientos de demandas en total.

Al menos hasta el 8 de junio, una orden judicial emitida por el juez de bancarrota, Laurie Selber Silverstein, impide que los abogados procedan con demandas contra los concejos locales. Pero varios abogados dijeron que presionarán para que se levante la orden judicial a menos que la información financiera de los concejos se divulgue por completo y acuerden contribuir significativamente a un fondo de compensación para víctimas de abuso propuesto.

"Los concejos locales están obligados a hacer una contribución sustancial", dijo Stephen Crew, de Crew Janci. "Si no lo hacen, el plan no será aprobado".

Los Boy Scouts of America (BSA, por sus siglas en inglés) solicitaron la protección por bancarrota del Capítulo 11 en febrero con la esperanza de sobrevivir a un diluvio de demandas, muchas de ellas posibles gracias a los recientes cambios en las leyes estatales para permitir a las personas demandar por abuso sexual ocurrido en el pasado.

Se están llevando a cabo procedimientos en el tribunal federal de quiebras de Delaware con el objetivo de crear un fondo de compensación para miles de hombres abusados ​​hace décadas por jóvenes exploradores u otros líderes.

En su declaración de quiebra, BSA dijo que los 261 concejos locales, que tienen amplias propiedades y otros activos, son entidades legales separadas y no deben ser incluidos como deudores en el caso.

Los consejos están representados por un comité ad hoc en los procedimientos, y se están llevando a cabo negociaciones sobre la divulgación de sus activos y registros como un paso hacia la determinación de sus contribuciones al fondo de compensación.

Pfau dijo que era escéptico de que los concejos acordaran contribuciones lo suficientemente grandes como para evitar pleitos contra ellos.

Las demandas presentadas el martes involucran acusaciones de abuso por parte de hombres que fueron Scouts hace décadas en los comités locales del estado de Nueva York que posteriormente se fusionaron en el Concejo de Leatherstocking, el Concejo de Baden-Powell y el Concejo de Seneca Waterways.

Los líderes de esos tres concejos declinaron hacer comentarios sobre las nuevas demandas. Dos de ellos remitieron sus consultas a la sede de BSA, que emitió una declaración reiterando su objetivo de compensar de manera justa a los sobrevivientes de abuso mientras preservaba la misión de los Boy Scouts.

"Estamos trabajando y alentando activamente al comité ad hoc, los concejos y los abogados que representan a los sobrevivientes de abuso para que encuentren una solución que financie adecuadamente un fideicomiso, al tiempo que garantice el futuro del Movimiento Scout", dijo el comunicado.

El abogado Tim Kosnoff, cuyo equipo legal de Abused in Scouting dice que representa a 3,200 clientes en el caso de quiebra, estimó que los concejos locales poseen aproximadamente el 80% del total de los activos de Boy Scouts, en comparación con aproximadamente el 20% de la oficina nacional con sede en Texas.

Kosnoff dijo que le preocupa que algunos concejos locales puedan tratar de transferir activos de una manera que los ponga fuera del alcance de los procedimientos de bancarrota; él quiere que Silverstein lo prohíba.

Todavía no se sabe cuántos reclamantes habrá en el caso de quiebra. Algunos abogados dicen que el número podría acercarse a 10,000 para el 16 de noviembre, la fecha límite establecida el lunes para que las víctimas de abuso presenten reclamos.

Más de 12,000 niños han sido abusados ​​por 7,800 abusadores desde la década de 1920, según los archivos de Boy Scout revelados en los documentos de la corte. La mayoría de los casos más recientes datan de los años sesenta, setenta y ochenta, antes de que los Boy Scouts adoptaran verificaciones de antecedentes penales obligatorios y capacitación y protocolos de prevención de abuso para todo el personal y los voluntarios.

Christopher Hurley, socio gerente de Hurley McKenna & Mertz, dijo que había divisiones dentro de las filas de los concejos locales, y algunos estaban dispuestos a garantizar la divulgación total de los activos y registros, y otros se oponían a hacerlo. La organización nacional BSA tenía acceso a los datos clave y la autoridad para ponerlos a disposición de los abogados de los demandantes, dijo.

"Los concejos locales pueden elegir cómo quieren participar", dijo. “Pueden hacerlo en la corte estatal, o pueden hacerlo con el proceso de bancarrota. En lo que a nosotros respecta, el tiempo de demora ha terminado ".

Nueva York, Nueva Jersey y California fueron los estados más poblados que actuaron el año pasado para modificar la ley del estatuto de limitaciones para que las personas, por un período limitado de tiempo, pudieran demandar por abuso sexual ocurrido en el pasado.

Jason Amala, socio legal de Mike Pfau, dijo que sentían la obligación hacia algunos de sus clientes de demandar en Nueva York antes de que se cerrara la ventana del estado, posiblemente a mediados de agosto.

"Nuestros clientes no aceptarán una extensión después del 8 de junio a menos que los concejos locales comiencen a producir los registros que necesitamos", dijo Amala. "El reloj está corriendo."

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