ARTESIA (Nuevo México) — En una aislada localidad desértica de Nuevo México, se han instalado remolques que servirán como aulas escolares en un centro de detención de inmigrantes. También se ha construido una cancha de baloncesto y un campo de fútbol. Y los detenidos defienden sus casos por videoconferencia con jueces que están en Denver.
Las autoridades dicen que estas instalaciones, presentadas como un alojamiento temporal para mujeres y niños centroamericanos que llegaron en la oleada de inmigrantes que cruzaron este año de forma ilegal la frontera entre Estados Unidos y México, podrían seguir abiertas hasta el verano que viene.
"A todos nos gustaría ver cerrarse las puertas de Artesia, pero la realidad es que la necesidad probablemente seguirá ahí, y probablemente hasta el final de la temporada, probablemente agosto del año que viene", dijo un miembro del gobierno a defensores de los inmigrantes en una reunión confidencial reciente.
[Relacionado: Niños migrantes conmueven a los jueces]
La Associated Press tuvo acceso a una grabación de la reunión con el funcionario, cuyo nombre o cargo no se especificó.
Mientras tanto, los detenidos en el Centro Residencial Familiar de Artesia están cada vez más frustrados de verse encerrados sin plazo límite a la vista, mientras los que cruzaron la frontera antes que ellos fueron puestos en libertad con órdenes de contactar más tarde con las autoridades de inmigración.
"Me están castigando por venir aquí, nos dicen", comentó Geraldyn Pérez, que dijo haber escapado de amenazas de muerte de pandillas en Guatemala.
Inmigración
Las instituciones federales abrieron el centro al darse cuenta de que los inmigrantes habían desaparecido en el interior del país y nunca comparecieron en ninguna vista con las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El funcionario de la conversación confidencial grabada admitía que en torno al 70 por ciento de las familias liberadas habían desaparecido.
Dirigiéndose a activistas de derechos humanos, el funcionario explicó que la detención prolongada de niños y madres "no es punitiva", añadiendo que no se trata de una herramienta para disuadir a posibles inmigrantes, muchos de los cuales han hecho peticiones de asilo.
En su lugar, dijo, "la disuasión es que no vas a venir a Estados Unidos y automáticamente estás aquí y nunca serás expulsado".
[Fotos: la deportación también tiene rostro]
Los defensores de los inmigrantes dicen que un informe federal de la unidad de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración indica que sólo el 37.8% de los internos de Artesia pasan sus entrevistas iniciales de asilo, frente al 62.7% de la media nacional.
Y para los que pueden optar a ser puestos en libertad, se han fijado fianzas de hasta 25,000 o 30,000 dólares, cinco veces la media del país, según el abogado de inmigración Stephen Manning, que ha trabajado como voluntario en Artesia.
El centro de Artesia, que acoge a más de 500 mujeres y niños, según el ICE, sigue siendo una pieza "efectiva y humana" de la respuesta del gobierno a la oleada sin precedentes de adultos con niños que llegó a la frontera sur.
Desde su apertura en junio, se ha deportado a más de 300 mujeres y niños, la mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala. Otros 500 siguen internos. Y desde su entrada en funcionamiento, han mejorado las condiciones para que los detenidos se reúnan con sus abogados.
En las primeras semanas, el único acceso a asesoría legal que tenían los detenidos era una presentación en vídeo sobre los derechos de los detenidos. Ahora, el ICE permite reuniones de abogados con detenidos y les autoriza a llevar sus propios celulares y computadoras, lo que antes estaba prohibido.
Los activistas de derechos civiles han demandado al gobierno, reclamando que la falta de acceso a representación legal ha convertido el centro en una "factoría de deportaciones", donde la fianza se marca a un precio imposible y las peticiones de asilo se rechazan en una proporción mucho mayor que en el resto de la población inmigrante.
Las vistas judiciales para personas liberadas bajo fianza se fijan dos o tres años más adelante, lo que da a los solicitantes de asilo más tiempo para preparar su caso en casa. Las personas detenidas reciben unos dos meses antes de comparecer frente a un juez.
Pérez dijo que su marido había llegado a Estados Unidos un año antes y solicitado asilo, y fue liberado con una fianza de 3,000 dólares. Como las fianzas en Artesia son de diez veces esa cifra, ella cree que probablemente se quedará internada en el centro.
Aunque esperaba encontrar ayuda en Estados Unidos, señaló, ahora "lamento tanto haber venido. Tenía esta enorme voluntad de salir adelante en este país, pero eso se fue aquí. No me queda nada", dijo Pérez.
