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Duros opositores de inmigración en equipo de Trump

Kris Kobach, secretario del estado de Kansas, es impulsor de leyes e ideas anti-inmigración ilegal.

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    Equipo de Trump tiene perfil anti inmigratorio

    Los promotores del muro y de leyes contra los inmigrantes apodrian integrar el gabinete presidencial (Publicado viernes 11 de noviembre de 2016)

    El presidente electo Donald Trump está reuniendo a algunos de los opositores más conservadores a la inmigración ilegal para su transición a la Casa Blanca, según nuestra cadena hermana NBC News.

    Kris Kobach, secretario del estado de Kansas, que es impulsor de leyes e ideas anti-inmigración ilegal, ha sido contratado para el equipo de transición de Trump.

    "Va a haber mucho que hacer, en parte porque el Sr. Trump y el Sr. Obama son diametralmente opuestos cuando se trata de la política de inmigración", dijo Kobach a KWCH de Kansas. "Así que habrá muchos cambios".

    El presidente Obama no pudo pasar una reforma migratoria integral durante su mandato, pero pasó dos acciones ejecutivas que eximían a DREAMers y a sus familias de la deportación.

    En el plan de inmigración de 10 puntos de Trump, dice que "cancelará" las órdenes ejecutivas.

    Kobach fue el arquitecto de la ley SB 1070 de Arizona que permite a las fuerzas del orden pedir a las personas que demuestren su estatus migratorio cuando hay "sospecha razonable" de que podrían no estar legalmente en el país.

    También acuñó la idea de "auto-deportación", que haría que las leyes de inmigración fueran tan estrictas que alentaría a la gente a abandonar el país.

    En cuanto al muro a lo largo de la frontera sur, Kobach dijo que se construirá, "no hay duda".

    "La única pregunta es qué tan rápido se hará y quién contribuye a pagar por ello", dijo. Trump ha prometido que México pagará por ello.

    Según un documento obtenido por el New York Times, la persona liderando la agenda denominada "Reforma migratoria y construcción del muro", es Danielle Cutrona.

    Ella es la consejera del Senador Jeff Sessions en el Comité Judicial. Sessions se ha opuesto desde hace tiempo a la inmigración ilegal y muchas formas de inmigración legal.

    Durante la campaña, Trump adoptó muchas de las posiciones políticas de Sessions, incluyendo el fin de la financiación federal para las ciudades santuarios y terminar con el programa "detener y liberar".

    Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, dijo que "el personal es política" en este momento en la administración.

    "Quien esté en la sala y quién sea nombrado para esta posición tiene implicaciones masivas para la economía americana, particularmente cuando se trata de inmigración," advirtió Noorani.

    Trump hizo de la inmigración una parte central de su candidatura, y después de una reunión con el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell y el presidente de la Cámara, Paul Ryan, en el Capitolio el jueves, dijo que la inmigración era su máxima prioridad.

    En cuanto a los estimados 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país, el representante Chris Collins, de Nueva York, uno de los iniciales partidarios de Trump, dijo que deportarlos no es parte del plan y que después de que la frontera sea segura y el "elemento criminal" sea removido, Collins predice algún tipo de legalización para los indocumentados.

    "Creo que podemos hacer una reforma migratoria fundamental", dijo.

    El miércoles los gobiernos de Centroamérica pidieron respeto a los derechos de los migrantes que llegan por miles a EE.UU. y a quienes el presidente electo prometió deportar.

    El Gobierno de Guatemala hizo votos por que las acciones de la Administración de Trump "permitan reconocer el valioso aporte que hacen los migrantes en los Estados Unidos".

    También para que las políticas del nuevo gobierno de EE.UU, que iniciará en enero próximo, favorezcan "el respeto, bienestar y protección de la población migrante radicada en ese país".

    El Salvador hizo un llamado a la "calma" a los migrantes salvadoreños en EE.UU., que suman unos 2 millones indocumentados, y a sus familias en El Salvador, y reiteró su "compromiso firme para trabajar junto a ellos en garantizar que sean respetados sus derechos".