Westchester no será condado santuario

NUEVA YORK – El ejecutivo del condado Westchester, Robert P. Astorino, vetó el miércoles una ley aprobada la semana pasada por la Junta de Legisladores que otorgaría el estatus de santuario a esta área de gran población hispana e inmigrante.

Astorino argumentó que la ley “pone en peligro la seguridad pública, viola los estatus federales, infringe los principios establecidos respecto a la cooperación policial y pone en riesgo millones de dólares en subvenciones federales de seguridad”.

La Ley de Protección de Inmigración fue aprobada con 10 votos a 5 por la Junta de legisladores la semana pasada. El ejecutivo del condado tenía un plazo de 10 días para vetar la ley.

El ejecutivo del condado y su administración han estado trabajando con los legisladores y grupos de inmigración para tratar de elaborar un proyecto de ley que no ignorare los estatus federales, dijo la oficina de Astorino en un comunicado.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública del condado, George Longworth, declaró en el comunicado que “cualquier situación que inhiba nuestra capacidad de trabajar con socios federales de la aplicación de la ley, como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias, es una idea imprudente”.

El sargento Héctor López, presidente de la Asociación Hispana de Policía del condado, que la ley aprobada la semana pasada por “pone en peligro a los residentes que respetan la ley, a la vez que proporciona un refugio seguro para los inmigrantes indocumentados que han infringido la ley”.

“Se coloca las esposas de nuestros agentes de la ley y no a los delincuentes”, dijo López. “Abre las puertas a los inmigrantes indocumentados involucrados en actividades delictivas, como la despiadada pandilla MS-13”, sostuvo.

Astorino dijo que la ley que definiría a Westchester como un “condado santuario” implica la pérdida de casi $ 13 millones en subsidios y reembolsos federales de seguridad pública.

La Sociedad de Ayuda Legal de Westchester encontró que las secciones 7 y 9 de la ley son “problemáticas”, porque ordenan la restricción del Departamento de Seguridad Nacional en las cárceles del condado, pero no se enfocan en la protección de los ciudadanos en tribunales, lugares de culto y escuelas, entre otros lugares sensibles, se lee en el comunicado.

Astorino dijo que entre el 1 enero y el 30 junio de 2017 había 84 presos indocumentados en las cárceles del condado, de los cuales 30 fueron transferidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por delitos graves como homicidio y violación.

El mandatario sostuvo que aquellos que fueron acusados o condenados por delitos menores, como hurto, agresión y conducir intoxicados, no fueron entregados a ICE. Los presuntos infractores fueron liberados tras cumplir sus condenas, dijo Astorino.

Contáctanos