NUEVA YORK – La organización de jornaleros Proyecto de Justicia Laboral, con base en Brooklyn, estima que en la ciudad de Nueva York existen unos 150,000 trabajadores de la construcción, de esta cifra, cerca de 80,000 no cuentan con el entrenamiento de seguridad de 30 que exige la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés).
La falta de entrenamiento básico no solo pone en peligro la vida de los trabajadores en su lugar de trabajo, también los llevaría a conseguir permisos falsos de entrenamiento para no perder sus empleos.
Los trabajadores y defensores sostienen que el problema se deriva de una legislación aprobada por el Concejo Municipal que, lejos de ayudar, habría generado ansiedad, desespero y un verdadero caos en la industria de la construcción en la ciudad de Nueva York, afirmaron en una protesta.
Decenas de trabajadores, activistas y líderes de organizaciones se congregaron en las escalinatas de la Alcaldía para demandar condiciones más seguras de trabajo y así evitar accidentes mortales.
Según los defensores, la Ley 196 obliga a los trabajadores de la construcción a cursar las 30 horas de entrenamiento de salud y seguridad de OSHA, pero un número alarmante de obreros aún no reciben la capacitación.
Ante un drástico aumento de muertes y accidentes en lugares de construcción en el estado de Nueva York, el Concejo Municipal aprobó en octubre de 2017 la Ley 196, que impone nuevos requisitos de seguridad que protegen a los empleados, muchos de ellos jornaleros e indocumentados.
La ley requiere a los titulares de los permisos de construcción, que pueden ser contratistas, subcontratistas y dueños de propiedad, dependiendo del caso, que provean una mayor capacitación en seguridad laboral a sus empleados en un lapso de dos años. Además, la legislación impone sanciones severas a los empleadores por incumplimiento de la ley y violaciones graves.
Ligia Guallpa, directora del Proyecto de Justicia Laboral, indicó que la Ley 196 establece como fecha límite el 1 de junio de 2019 para que los empleados concluye el curso de 30 horas; sin embargo, la norma proveyó suficientes espacios de entrenamiento.
“Por querer llevar el pan a su casa se exponen a lo que sea sin importar su salud y seguridad”, dijo Sergio Ajché, trabajador de la construcción.
Local
Los trabajadores recordaron que la semana pasada, tres obreros hispanos murieron en sus lugares de trabajo. Los obreros indicaron que debe ser el empleador el que costee el curso de 30 horas, una petición que no contempla la Ley 196.
Y en medio de su luto, dolor y rabia, sus compañeros exigieron que sean los patronos y no ellos los que tengan que costear el entrenamiento.
Los obreros exigieron al Concejo que se extienda un año adicional la fecha límite de capacitación y que finalmente se otorgue los $5 millones designados para capacitación y la inclusión de los jornaleros.
Los jornaleros temen que a partir de junio, los inspectores del Departamento de Edificios comiencen a citar a sus patronos por tener trabajadores sin entrenamiento, lo que dejaría a muchos sin empleo.
