Se cristaliza histórica protección para inmigrantes en Westchester

NUEVA YORK – La Legislatura del Condado de Westchester, con apoyo bipartidista, aprobó recientemente la histórica Ley de Protección al Inmigrante, una legislación vetada durante la administración del ejecutivo republicano Robert Astorino.

La ley fue firmada hoy por el ejecutivo del condado, George Latimer. 

El ejecutivo enfatizó que la nueva ley fortalecerá las relaciones entre las comunidades inmigrantes y la policía local.

“Es una protección que va a generar confianza”, dijo el funcionario.

La histórica legislación, la primera de este tipo aprobada en el condado, limita la colaboración entre los departamentos de policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según defensores, los oficiales de las cárceles del condado compartían diariamente con ICE la nacionalidad de los reclusos indocumentados.

"Es un momento histórico. El Condado de Westchester no es un condado que va a discriminar contra familias, que vienen a este país para trabajar, para buscar un futuro mejor para ellos para sus familias y para sus hijos”, dijo la legisladora Virginia Pérez durante la firma de la histórica ley.

Las organizaciones defensoras de las comunidades inmigrantes celebraron la decisión citando estudios que han demostrado que los inmigrantes son más reacios a denunciar delitos cuando temen que la policía actúe como agentes de inmigración.

“La campaña de inmigración indiscriminada y agresiva de la administración Trump ha provocado una disminución dramática en el reporte de crímenes entre los inmigrantes en todo el país. La disminución de los informes hace que los delincuentes sean más difíciles de atrapar, poniendo en peligro la seguridad de todos los residentes locales”, dijo Make the Road New York en un comunicado de prensa.

El grupo, en colaboración con New York Immigration Coalition, Neighbors Link y John Jay Legal Services, impulsó una campaña para cambiar las leyes que otorgaban a los agentes de policía el poder de actuar como agentes de inmigración.

La legislación también prohíbe a los empleadores preguntar a los trabajadores por su nacionalidad o estatus migratorio.

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