BUENOS AIRES - El exdictador Jorge Videla admitió por primera vez que el régimen militar que gobernó a sangre y fuego en Argentina de 1976 a 1983 asesinó a "7,000 u 8,000 personas", el "precio que había que pagar" para "ganar la guerra" contra la subversión". Videla, de 86 años, hizo esta confesión en el libro "Disposición Final", del periodista argentino Ceferino Reato, quien en una entrevista con Efe se manifestó "impactado" por la forma en la que el exdictador relató los horrores cometidos durante la "guerra sucia". "Me sorprendió cómo Videla me decía las cosas. Siempre lo vi muy articulado, muy preciso en sus recuerdos, usando un lenguaje descarnado y sin metáforas. Parecía un analista de hechos cometidos por otra persona", destacó. En el libro, de la editorial Sudamericana y que saldrá este sábado a la venta, el exdictador cifró la cantidad de asesinados durante los "años de plomo" y aseguró que el régimen militar hizo desaparecer los restos de las víctimas "para no provocar protestas dentro y fuera del país". "No había otra solución -afirma Videla-. En la cúpula militar estábamos de acuerdo en que era el precio que había pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta". Las confesiones del primero de los cuatro presidentes (1976-1981) que tuvo la última dictadura fueron el resultado de nueve largas entrevistas que Reato, director de la revista económica Fortuna, hizo entre octubre de 2011 y marzo de 2012 a Videla en el penal federal de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires. En el libro, Jorge Videla hace una descripción pormenorizada de los métodos usados por la dictadura para secuestrar y asesinar opositores, justifica el uso de la tortura y destaca la influencia de la llamada "Doctrina Francesa" en la lucha contra las guerrillas. Explica que el país fue dividido en "cinco zonas" antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y que el jefe de cada uno de esos territorios había ordenado meses antes la confección de listas de personas que debían ser detenidas tras el derrocamiento de la entonces presidenta constitucional, Isabel Perón. En ese sentido, sostiene que esos nombres fueron aportados por los espías de las Fuerzas Armadas pero también por empresarios, ejecutivos, sindicalistas, funcionarios nacionales y provinciales, profesores y dirigentes políticos y estudiantiles.
