moratoria de desalojos

Nuevas protecciones estatales para los inquilinos que enfrentan el desalojo en Nueva Jersey

Las fuerzas del orden deberán acatar nuevas disposiciones para evitar incurrir en un desalojo ilegal.

Telemundo

Cientos de inquilinos de Nueva Jersey han sido desalojados de forma ilegal de su hogar durante la pandemia de coronavirus, a pesar de la moratoria estatal que permanece vigente hasta mediados de junio.

Ahora, más de un año después de que el gobernador Phil Murphy firmó la orden ejecutiva que promulga la moratoria, la Procuraduría General ha publicado nuevas pautas para que las agencias de aplicación eviten incurrir en un desalojo ilícito.  

“La directriz describe pasos claros y sencillos que deben seguir los agentes del orden. Al emitir esta norma y educar al público, podemos reducir la cantidad de desalojos ilegales en el estado”, dijo el procurador general Gurbir Grewal durante un seminario web la semana pasada al que asistieron grupos de defensa de la vivienda y abogados de vivienda.

Después de que miles de habitantes de Nueva Jersey perdieran repentinamente sus trabajos y no pudieran pagar el alquiler, los desalojos por falta de pago se detuvieron en virtud de la Orden Ejecutiva 106, que se extiende 60 días después de que expire la emergencia de salud pública, hasta mediados de junio. Los avisos de desalojo aún se pueden presentar a los tribunales, pero no se están llevando a cabo juicios entre propietarios e inquilinos, excepto en ciertos casos.

La directriz para los 38,000 policías del estado aclara la orientación sobre cómo responder a las llamadas respecto a un desalojo ilícito. A menudo, los oficiales estaban confundidos acerca de cómo proceder cuando un casero bloqueaba la puerta de una vivienda o expulsaba al inquilino del lugar. 

La confusión proviene de un proyecto de ley de 2006 que el entonces gobernador Richard Codey firmó para convertir en delito el desalojo de inquilinos sin una orden judicial, además de otras pautas de aplicación emitidas en 2009, dijo Grewal.

Según la nueva directriz, los agentes del orden público deben determinar si se está produciendo un desalojo ilegal, emitir advertencias al propietario o propietarios y asegurarse de que los inquilinos desalojados de forma ilegal puedan volver inmediatamente a su hogar. Si se ignoran las advertencias, los oficiales deben acusar al arrendador o al dueño de la propiedad con una citación de denuncia, lo que podría ser un delito de cuarto grado.

Jessica Kiton, abogada gerente senior de la organización sin fines de lucro Volunteer Lawyers for Justice, con sede en Newark, dijo que si bien la policía a menudo se muestra comprensiva, en ocasiones los oficiales no están seguros de qué pasos tomar.

La abogada agregó que las nuevas guías harán que los inquilinos se sientan más cómodos al comunicarse con la policía local, y también enviará un mensaje claro a los propietarios de que no se tolerarán los desalojos ilegales. 

Desde abril de 2020, la Procuraduría General ha recibido 17 quejas por escrito sobre propietarios que han desalojado de forma ilegal a inquilinos, dijo el portavoz Peter Aseltine, pero enfatizó que es probable que haya muchos más casos. Los abogados voluntarios aseguran que se han registrado cientos en todo el estado, y los desalojos ilegales han aumentado desde el otoño.

Dado que la pandemia de coronavirus obligó a 1.8 millones de habitantes de Nueva Jersey a reclamar el seguro de desempleo, el estado ha abierto dos rondas del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia COVID-19 para los residentes que están en mora debido a la emergencia de salud pública.

La primera ronda de $100 millones se abrió en julio y fue tan esperada que el sitio web colapsó el primer día de solicitudes. La vicegobernadora Shiela Oliver, que supervisa el Departamento de Asuntos Comunitarios, dijo que la agencia ayudó a 15,000 familias de las 60,000 que solicitaron el beneficio. 

Otra ronda de $353 millones se abrió el 22 de marzo. Más de 45,100 inquilinos o propietarios de Nueva Jersey han solicitado asistencia de alquiler hasta ahora, dijo la portavoz del Departamento de Asuntos Comunitarios, Lisa Ryan. Las solicitudes permanecen abiertas y permanecerán abiertas hasta que se agoten los fondos.

A pesar de la moratoria que prohíbe a los propietarios expulsar a los inquilinos, se han presentado más de 50.000 avisos de desalojo desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. La mayoría de estas presentaciones aún no se han escuchado en los tribunales, aunque ya han comenzado los desalojos en ciertos casos. 

REGISTROS CONFIDENCIALES 

La semana pasada, la Asamblea estatal aprobó un proyecto de ley, A4463, para hacer confidenciales los registros judiciales de propietarios e inquilinos relacionados con la falta de pago del alquiler presentados durante un "período de emergencia", desde que comenzó la pandemia COVID-19 y 60 días después de su finalización.

Los defensores de la vivienda advirtieron que los registros de desalojos tendrían un impacto duradero incluso si los inquilinos no fueran desalojados. Al buscar una vivienda futura y completar la verificación de antecedentes, esos inquilinos podrían ser incluidos en la lista negra y se les podría prohibir alquilar debido a su historial legal.

El proyecto de ley requiere que cualquier persona o entidad que distribuya documentos judiciales elimine los registros de desalojo por falta de pago al completar las verificaciones de antecedentes. Sería punible con una multa de $ 1,000.

El proyecto de ley fue aprobado el jueves pasado con 52 votos a favor y 14 republicanos que votaron en contra. Hasta ahora se ha presentado ningún proyecto de ley complementario al Senado.

Hacer confidenciales algunos registros de desalojo también es un componente del Proyecto de Ley Popular, A4226, que ofrecería ayuda a los residentes afectados financieramente por la pandemia de coronavirus, incluidos planes de pago para inquilinos y propietarios de viviendas, y prohibir cargos adicionales como honorarios por mora y honorarios de abogados. El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea en junio, pero no se ha enviado a votación en el Senado.

Los grupos de vivienda estiman que se podrían necesitar hasta $ 3 mil millones para ayudar a todos los inquilinos que enfrentan dificultades. 

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