Un proyecto de ley presentado el lunes requeriría que algunas escuelas públicas de Nueva Jersey proporcionen productos menstruales gratuitos en todos los baños.
El proyecto de ley (S1221) requeriría tampones y toallas sanitarias gratis en las escuelas que enseñan de sexto a duodécimo grado. El estado los pagaría, pero la Oficina de Servicios Legislativos no partidista del estado aún tiene que emitir un informe que calcule el costo total.
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La medida fue aprobada por un Comité de Educación del Senado estatal a pesar de las fuertes objeciones de un legislador republicano y otros críticos.
“Esta legislación satisface una necesidad crítica de los estudiantes de Nueva Jersey que luchan por acceder a productos menstruales. Ningún estudiante debería tener que preocuparse por cubrir estas necesidades básicas”, dijo en un comunicado la asambleísta estatal Gabriela Mosquera, D-Gloucester, patrocinadora principal.
Los críticos advirtieron en la audiencia pública en Trenton que la propuesta implicaría una pérdida de dinero. Argumentaron que de estar disponibles en los baños de los niños, estos podrían arrojar tampones para acosar a las niñas u obstruir los inodoros y los lavabos.
El senador estatal Michael Doherty, republicano por Warren, afirmó que la medida es “el proyecto de ley más loco que he visto”, sugiriendo que es parte de un “ataque en toda regla contra las familias” y las “personas de fe” en el estado.
Doherty pidió una enmienda al proyecto de ley que dijera que los productos se colocarían solo en los baños de niñas.
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La senadora demócrata Shirley Turner, del condado de Mercer, dijo que votaría en contra del proyecto de ley cuando se tratara del pleno del Senado a menos que se modificara el lenguaje de la propuesta que haría que la regla se aplique solo a los baños de niñas.
El lenguaje del proyecto de ley no especifica en qué baños según el género tendrían que suministrarse los productos gratuitos.
La propuesta tendría que ser aprobada por el pleno del Senado y la Asamblea —ambos controlados por demócratas— antes de que el gobernador Phil Murphy, un demócrata, pueda decidir si la convierte en ley.
