Un nuevo proyecto de ley requeriría que los nuevos contratistas en Nueva Jersey completen una capacitación y aprueben un examen antes de que puedan obtener una licencia para realizar mejoras en el hogar. El proyecto de ley también crearía una junta para regular la profesión e introducir otras protecciones para los propietarios de viviendas.
La ley actual no requiere que los contratistas obtengan una licencia. Solo tienen que registrarse en el estado y comprar una póliza de seguro de responsabilidad civil, mucho menos de lo que se requiere en muchas otras profesiones.
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El proyecto de ley se presentó en respuesta a una investigación de NJ Advance Media, "Contrate bajo su propio riesgo", que destacó cuán pobremente protege la ley actual a los consumidores, dijeron sus patrocinadores.
Este proyecto de ley, impulsado por el asambleísta Paul Moriarty, D-Gloucester, establecería la Junta de Contratistas de Mejoras y Elevación de Viviendas del Estado de Nueva Jersey, que tendría nueve miembros: cinco contratistas de mejoras de viviendas, un contratista de elevación de viviendas, dos miembros del público y un miembro designado por el gobernador.
La junta crearía un código de ética y estándares para la industria y establecería nuevos requisitos de educación y experiencia para obtener una licencia, que se renovaría cada dos años.
Los nuevos contratistas tendrían que completar un programa de aprendizaje o capacitación o tener un mínimo de dos años de experiencia bajo la supervisión directa de un profesional aprobado. También tendrían que aprobar un examen que probaría su conocimiento del campo y la ley estatal relacionada, según el proyecto de ley.
Ciertos contratistas que ya están en el negocio tendrían un camino diferente. Cualquiera que haya estado registrado como contratista de mejoras para el hogar durante al menos 10 años obtendrá una licencia, en espera de la prueba de otros requisitos, cuando expire su registro de contratista actual.
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Los contratistas de elevación de viviendas que tengan al menos 10 años de experiencia en el negocio y que hayan estado registrados como contratistas de mejoras de viviendas durante al menos 10 años, o que hayan estado registrados como contratistas de elevación de viviendas durante al menos cinco años, también cumplirían los criterios para obtener la licencia.
El proyecto de ley también ayudaría a los consumidores a recuperar dinero si un trabajo sale mal o si un contratista toma dinero y no trabaja. Es difícil acusar penalmente a un contratista porque es difícil probar la intención, dicen los expertos legales, y si un consumidor obtiene un juicio civil, a menudo es imposible cobrar.
El proyecto de ley requeriría que los contratistas con licencia paguen una fianza de $100,000, o una carta de crédito o garantía, para demostrar estabilidad financiera, algo que ayudaría a los consumidores a recuperar dinero en caso de sufrir daños o pérdidas relacionadas con el trabajo del contratista. Sin embargo, cualquier recuperación no estaría sujeta a daños triplicados, a diferencia de lo que un consumidor podría recibir de otro modo en virtud de la Ley de Fraude al Consumidor.
El proyecto de ley también impone multas y sanciones si el contratista no obtiene los permisos de construcción, con multas de hasta $10,000 por la primera infracción y hasta $20,000 por la segunda infracción. Las sanciones por no completar un proyecto serían una violación de las leyes de fraude al consumidor, según el proyecto de ley.
Como protección adicional, los municipios tendrán prohibido otorgar permisos a contratistas que no tengan una licencia.
Además, cualquier solicitante que haga declaraciones falsas en sus solicitudes será multado entre $10,000 y $25,000 según el proyecto de ley.
La junta también proporcionaría un número de teléfono gratuito para que los consumidores pregunten acerca de los contratistas.
