El Senado y la Asamblea de Nueva York aprobaron una ley que impediría el desalojo de inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la pérdida de ingresos por la emergencia de salud.
La nueva legislación, patrocinada por el senador estatal Brad Hoylman y el asambleísta Jeffrey Dinowitz, prohibiría a los propietarios desalojar a un inquilino por falta de pago del alquiler durante el período que abarca la crisis de salud.
La medida extenderá por seis meses la moratoria de 90 días que el gobernador Andrew Cuomo impuso ante la creciente pérdida de empleos en el estado.
Se trata de uno de los más de dos docenas de proyectos de ley que la Legislatura analizó y votó ante la crisis. Entre esas medidas figuran las subvenciones para pequeñas empresas. El Senado y la Asamblea votaron los proyectos de ley desde que aprobaron el presupuesto estatal el 3 de abril y pospusieron el resto de su sesión de 2020 para evitar congregarse durante el pico de la pandemia.
El senador Brad Hoylman (D-Manhattan) afirmó que la moratoria de desalojo es necesaria para evitar el desamparo de las familias que perdieron sus ingresos.
El ala republicana sostiene que la medida incitará el incumplimiento por parte del inquilino de pagar el alquiler durante la pandemia.
"Esto creará una crisis de alquiler", opinó el senador Phil Boyle (R-Bay Shore). "Nadie ofrecerá en alquilar su vivienda o apartamento multifamiliar si alguien que vive allí no puede pagar el alquiler por más de un año y no pueden ser desalojados".
El gobernador Andrew Cuomo deberá firmar la medida para que se convierta en ley de inmediato, pero el mandatario no ha expresado aún si apoya la nueva ley.
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La protección de la medida abarca la renta vencida o acumulada desde el 7 de marzo (la fecha en que se declaró la orden de emergencia estatal) y aplica para inquilinos residenciales y comerciales.
Los procedimientos de desalojo se frenarán en función de estos factores: los ingresos del inquilino antes y durante de la crisis, los ingresos actuales y si cumple con los requisitos para recibir otros beneficios según la ley estatal o federal. El tribunal también puede considerar otros factores relevantes para evaluar si ha ocurrido un daño financiero.
Si se determina que un inquilino ha sufrido dificultades financieras, se le prohibirá a la corte emitir una orden de desalojo o emprender un juicio en su contra.
Sin embargo, el inquilino estaría obligado a pagar el alquiler que adeuda, aunque esto no afectaría su derecho legal de permanecer en su hogar.
