La Asociación Nacional del Rifle (NRA) acordó anular durante cinco años el plan de seguros que proveía en Nueva York, además de que deberá pagar una multa de $2.5 millones por cargos relacionados con ese negocio.
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York anunció el miércoles el acuerdo con la NRA, el principal grupo de defensa del derecho de posesión de armas del país después de que la procuradora general del estado, Letitia James, demandó al poderoso grupo para disolverlo por denuncias de corrupción.
La multa se impuso en función del supuesto plan de seguro que la NRA ofreció a sus miembros pese a no tener una licencia para hacerlo. Asimismo, retenía información sobre cómo mantenía algunas primas para su propio beneficio.
El acuerdo resolvió los cargos relacionados con la relación de negocios de la NRA con el corredor de seguros Lockton Cos, que vendió más de 28.000 pólizas respaldadas por la NRA. Entre los planes ofrecidos se encuentra el programa "Carry Guard", que según funcionarios estatales, ofrece de forma ilegal cobertura de gastos de defensa penal respecto al uso "intencional" de armas de fuego.
Mediante las ofertas de seguros, la NRA habría recibido más de $1.8 millones en regalías y tarifas asociadas y mantuvo entre el 13.67 por ciento y el 21.92 por ciento de las primas pagadas.
“La NRA operó como un productor de seguros sin licencia y violó la Ley de Seguros de Nueva York al solicitar productos de seguros y recibir una compensación”, dijo la Superintendente de Servicios Financieros, Linda Lacewell.
“Peor aún, la NRA violó la Ley de Seguros de Nueva York al solicitar productos de seguros peligrosos e inadmisibles, incluidos aquellos dentro de su programa Carry Guard que pretendían asegurar actos intencionales y costos de defensa penal”, agregó.
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La demanda civil presentada por James en agosto argumenta que la NRA violó la ley estatal que rige las organizaciones sin fines de lucro. La procuradora señaló que el grupo y sus altos funcionarios desviaron millones de dólares de su misión benéfica y avalaron "una cultura de autocontrol, mala administración y supervisión negligente".
