Un plan de años de un hombre de Long Island para cobrar beneficios por discapacidad mientras entrenaba para competencias de culturismo y era dueño y operaba un negocio de limusinas fue frustrado por una serie de publicaciones en las redes sociales, dijeron funcionarios estatales.
Las publicaciones de Instagram que narran la transformación física de Anthony Ragusa como fisicoculturista ayudaron a la oficina de la fiscal general del estado a atrapar al estafador por recolectar ilegalmente beneficios por un total de más de $200,000.
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Ragusa, de 52 años, se declaró culpable de hurto mayor en segundo grado la semana pasada frente a un juez de la Corte Suprema del Estado.
Durante los años 2015 y 2020, Ragusa había sido acusado de cobrar beneficios por lesiones que supuestamente sufrió en 2013 por una caída en el trabajo. En ese momento trabajaba como electricista, según el papeleo de beneficios.
La fiscal general Letitia James dijo que la solicitud de beneficios de Ragusa afirmaba que las lesiones que sufrió le impedían agacharse, caminar durante más de 15 minutos y sentarse por más de 30 años. Sus lesiones supuestamente le impedían hacer cualquier tipo de trabajo, dijo Ragusa.
Pero ese no fue exactamente el caso, según las publicaciones en las redes sociales y los documentos de trabajo que mostraban que Ragusa mantuvo su negocio después de su caída.
James dijo que sus investigadores revisaron los archivos que probaban que el culturista dirigió su negocio durante los seis años en los que reclamó beneficios por discapacidad. También examinaron las publicaciones de Instagram de la cuenta de su esposa que se remontan a 2017 y muestran al hombre de 52 años levantando pesas en un gimnasio, conocido como "la meca" de los culturistas, en Syosset.
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"Sus acciones ilegales y vergonzosas son un insulto para aquellos que realmente viven con discapacidades, y siempre tomaré medidas para llevar a los estafadores como Ragusa ante la justicia en nombre de la gente", dijo James.
Luego de su declaración de culpabilidad, Ragusa debe pagar una restitución a la Administración del Seguro Social por una suma de $ 200,000 y estará en libertad condicional durante cinco años, según la oficina de James.
