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Habrían sido inocentes, pero fueron ejecutados o condenados a muerte: Casos de condena errónea

Ciertos casos de ejecución o de condenas de pena capital están bajo escrutinio ante la posible inocencia de algunas personas que esperan en el corredor de la muerte.

Telemundo

Fue en 1972 cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos derogó la pena capital, tanto a escala estatal como federal, pero en 1976 el mismo tribunal superior la restableció en varios estados. Y en 1988 el gobierno optó por reimplementar la pena de muerte a escala federal. 

Desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena capital, los estados donde es legal han ejecutado a 1,544 personas (hasta junio de 2021, las estadísticas más recientes, según la organización Death Penalty Information Center).

Desde 1973, se han exonerado del corredor de la muerte 185 personas (hasta marzo de 2021, las estadísticas más recientes).

Esta semana el foco nacional se centra en la suspensión de la ejecución de la madre mexicoamericana Melissa Lucio, acusada de la muerte de su hija de dos años en 2007. 

La mujer fue acusada de matar de una paliza a la niña, pero siempre sostuvo que la menor falleció tras caer por unas escaleras de acceso a su residencia de entonces, en la localidad texana de Harlingen, cerca de la frontera con México. Según la defensa, Lucio dio una confesión coaccionada tras cinco horas de un interrogatorio agresivo sin la presencia de un abogado. 

Durante las últimas tres décadas, organizaciones como Innocence Project han arrojado luz sobre cuán peligrosamente falible puede ser el sistema de justicia estadounidense en cuanto a los casos de pena capital, aunque también hay casos en los que se impuso cadena perpetua sin derecho a fianza como resultado de una condena plagada de errores y confesiones coaccionadas. En Nueva York, uno de los casos más notorios es el de los Cinco de Central Park, un grupo de adolescentes negros y latinos entre los 14 y los 16 años, que no se conocían entre sí, acusados de la violación de una mujer blanca en 1989. 

CONDENAS ERRÓNEAS 

Las pruebas de ADN y el escrutinio de las acciones de la policía, los fiscales y los defensores públicos han ayudado a exonerar a 182 personas del corredor de la muerte desde 1972 y, en diciembre de 2020, han dado lugar a más de 2700 exoneraciones en general desde 1989, según estadísticas de Innocence Project. 

Texas, donde Melissa Lucio fue condenada a muerte, tiene la tasa de ejecuciones más alta de toda la nación, con 574 desde 1976, según cifras de Death Penalty Information Center. Oklahoma ocupa el segundo lugar con 116, Virginia con 113, Florida con 99 y Missouri con 91.

A escala estatal, la pena capital es menos usual cada año. Amnistía Internacional señala en un informe que, con la abolición de la pena de muerte en Colorado, en marzo de 2020, son ya 22 los estados que han abolido este castigo para todos los delitos, ocho de ellos desde que comenzó el milenio. 

De los 28 estados restantes, 10 de ellos —California, Indiana, Kansas, Kentucky, Montana, Nevada, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania y Wyoming— no han llevado a cabo ejecuciones desde hace al menos 10 años. Además, California, Oregón y Pensilvania han dictado moratorias de todas las ejecuciones.

Si bien se han documentado varios casos en los que el gobierno ha ejecutado a personas que, tras una investigación, revisión de evidencia y pruebas de ADN, resultaron ser no culpables de los crímenes de los que fueron imputados; hay algunos que tienden ser más reconocidos por las posibles fallas del sistema penal y un posible sesgo racial. 

En otros casos, el gobierno concedió la exoneración tras una revisión más exhaustiva de los casos. Innocence Project enlista algunos en un informe.

CARLOS DELUNA

Fue ejecutado en Texas por la muerte de Wanda Lopez en una tienda Shamrock al borde de la carretera en Corpus Christi en 1983. 

Un cliente asesinó a puñaladas a López mientras hablaba por teléfono con los despachadores del 911. La policía acudió al lugar y descubrió a un testigo que vio al atacante salir de la tienda; que fue descrito como un “hombre hispano con sudadera gris”.

La policía encontró a Carlos DeLuna, un mexicoamericano de 20 años, a unas cuadras de distancia, escondido debajo de un camión. Fue llevado al lugar del asesinato donde el testigo lo identificó, aunque DeLuna afirmó que el perpetrador era otro hombre llamado Carlos Hernández. 

DeLuna y Hernández estuvieron juntos más temprano en la noche en un bar cerca del Shamrock. Hernández fue al Shamrock y nunca regresó. Cuando DeLuna se acercó al Shamrock para ver qué estaba pasando, vio a Hernández atacando a la empleada de la tienda. DeLuna corrió debido a que tenía una agresión sexual en su historial y temía verse involucrado. Cuando escuchó sirenas que se acercaban al Shamrock, se escondió debajo de un camión donde luego la policía lo encontró.

Según Innocence Project, no hay evidencia física que conecte a DeLuna con el lugar del crimen. Fue declarado culpable únicamente por la identificación de un testigo, condenado a muerte y ejecutado en 1989 mediante inyección letal.

Seis años después de la ejecución de DeLuna, James Leibman, profesor de derecho en la Universidad de Columbia, llevó a cabo una de las revisiones más exhaustivas de un caso de pena de muerte en la historia estadounidense, que reveló una creciente evidencia de la inocencia de DeLuna.

Liebman descubrió que el lugar del crimen estaba cubierto de sangre, pero no se hallaron fluidos de DeLuna ahí. También encontró fotos que no se mostraron al jurado. En las imágenes se aprecia una huella ensangrentada que pertenecería al asesino. La ropa y los zapatos de DeLuna se analizaron microscópicamente y no se encontró ni una gota de sangre en ellos.

Liebman rastreó a Kevan Baker, el testigo ocular que vio al perpetrador salir de la tienda, y le preguntó qué tan seguro estaba de su identificación. Dijo que alrededor del 70 por ciento, pero luego agregó que, si la policía no le hubiera dicho que encontraron a DeLuna escondida debajo de un camión a dos cuadras de distancia, solo habría estado seguro en un 50 por ciento. Además, casi el 75% de las exoneraciones de ADN involucran la identificación errónea de testigos presenciales, aproximadamente el 42% de los cuales son identificaciones erróneas entre razas.

La fiscalía afirmó que buscaron a Hernández, pero no pudieron encontrarlo; en el juicio de DeLuna, negaron que Hernández existiera y lo llamaron un “producto de la imaginación de DeLuna”. En un solo día, con la ayuda de un investigador privado, Liebman descubrió la identidad y los antecedentes penales de Hernández, que había sido arrestado 39 veces. Varios de sus delitos involucraron atracos a estaciones de servicio de Corpus Christi, e incluso lo encontraron acobardado afuera de un 7-Eleven con un cuchillo solo unos días antes del asesinato de López. 

Esa información no llegó al abogado defensor de DeLuna. Liebman también encontró a dos mujeres que escucharon a Hernández alardear de haber matado a López. Finalmente, Liebman encontró una cinta de radio de la policía no escuchada antes que indica que otro hombre fue perseguido antes de que encontraran a DeLuna escondido. Este hombre podría haber sido Hernández, pero, nuevamente, esta evidencia no fue revelada al equipo de defensa de DeLuna.

CLEMENTE AGUIRRE

El 17 de junio de 2004, Cheryl Williams, de 47 años, y Carol Bareis, de 68, fueron encontradas muertas a puñaladas en su casa en Altamonte Springs, Florida. Williams fue apuñalado más de 100 veces y Bareis fue apuñalado dos veces. La policía encontró un cuchillo de cocina ensangrentado de 10 pulgadas entre su casa y la casa de al lado. La hija de William, Samantha Williams, dijo de inmediato que tenía un “sentimiento visceral” de que el asesino era Clemente Aguirre-Jarquin, de 24 años, que vivía al lado.

Aguirre-Jarquin era un inmigrante hondureño que trabajaba como lavaplatos y preparador de comida en un restaurante. La policía interrogó a Aguirre-Jarquin y a su compañero de cuarto, pero no sabían nada sobre los crímenes. Sin embargo, Aguirre-Jarquin poco después admitió que había ido a la puerta de al lado a comprar una cerveza la noche anterior y vio los cadáveres. Fue arrestado por manipulación de pruebas. Cuando la policía se enteró de que el cuchillo se parecía a los cuchillos del restaurante de Aguirre-Jarquin y que al restaurante le faltaba un cuchillo de 10 pulgadas, fue acusado de asesinato en primer grado y robo.

Aguirre-Jarquin fue a juicio en 2006 donde los expertos testificaron que 64 de las 67 huellas ensangrentadas en la casa coincidían con sus zapatos, que las salpicaduras de sangre de Cheryl Williams y Bareis estaban en la ropa encontrada en una bolsa de plástico en la casa de Aguirre-Jarquin, y que la huella dactilar de Aguirre-Jarquin estaba en el cuchillo.

Aguirre-Jarquin le dijo al jurado que la noche del asesinato, entró por la puerta principal que siempre está abierta para pedir cerveza. Encontró el cuerpo de Cheryl William y trató de revivirla. Luego vio el cuerpo de Bareis en la habitación de al lado y temió que el asesino aún pudiera estar en la casa, por lo que agarró el cuchillo cerca del cuerpo de Cheryl Williams. Después de mirar a su alrededor y no encontrar al asesino, corrió a casa, arrojó el cuchillo, puso su ropa en una bolsa y se limpió. No llamó a la policía debido a su estatus migratorio y temía la deportación.

Aguirre-Jarquin fue condenado por dos asesinatos en primer grado y robo, y fue sentenciado a muerte.

En 2011, Innocence Project buscó pruebas de ADN de las más de 80 pruebas. Los resultados excluyeron a Aguirre-Jarquin como fuente del ADN, según la organización. Además, el ADN de Samantha Williams se encontró en ocho lugares que eran consistentes con que ella fuera la atacante. Samantha Williams luego admitió haber asesinado a su madre y a Bareis. Además, un científico forense descubrió que la sangre en la ropa de Aguirre-Jarquin no era una salpicadura de sangre, sino más bien consistente con su intento de revivir a las mujeres.

Después de una larga batalla, la Corte Suprema de Florida concedió a Aguirre-Jarquin un nuevo juicio en octubre de 2016. Se declaró nulo durante la selección del jurado y, en el segundo juicio, la fiscalía desestimó los cargos abruptamente mientras la selección del jurado aún estaba en curso.

Aguirre-Jarquin fue puesto en libertad bajo fianza de un tribunal federal de inmigración después de que el Departamento de Seguridad Nacional le impusiera una retención de inmigración. Actualmente está buscando asilo.

Aguirre-Jarquin creció en Tegucigalpa, Honduras, donde presenció personalmente al menos tres asesinatos. 

TROY DAVIS

El 19 de agosto de 1989, en Savannah, Georgia, el oficial de policía Mark MacPhail intervino en un altercado entre dos hombres en un parque y recibió dos disparos que llevaron a su muerte. Un hombre llamado Sylvester Coles estuvo presente en el tiroteo e implicó a Troy Davis. Otras nueve personas que estaban en el parque también testificaron contra Davis. 

Davis admitió estar en el parque y dijo que vio a Coles atacando a un hombre, pero que se fue antes de que ocurriera el tiroteo. Ninguna evidencia física relacionó a Davis con el crimen, aún así un jurado lo condenó y recomendó la pena de muerte con base en los relatos de nueve testigos oculares en agosto de 1991.

En septiembre de 2003, el periódico Atlanta Journal-Constitution publicó una serie de artículos en los que siete de los nueve testigos se retractaron de sus testimonios. Muchos de ellos le dijeron al periódico que la policía los presionó para implicar a Davis y que en realidad fue Coles quien le disparó a MacPhail.

El 16 de julio de 2007, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia otorgó a Davis una suspensión de la ejecución de 90 días solo un día antes de la fecha prevista para su ejecución. En su segunda fecha de ejecución, la Corte Suprema de los Estados Unidos retrasó la ejecución solo dos horas antes de lo programado en espera de su decisión de escuchar el caso. Finalmente decidieron no escuchar el caso, y tres días antes de la fecha de su tercera ejecución, la Corte de Apelaciones de Georgia suspendió la ejecución para permitir una nueva petición. Después de varias apelaciones fallidas, fijaron una cuarta fecha de ejecución para el 21 de septiembre de 2011. Figuras públicas de todo el mundo, incluidos Jimmy Carter y el Papa Benedicto XVI, pidieron que se suspendiera la ejecución, pero Troy fue ejecutado con cuatro horas de retraso cuando la Corte Suprema anunció su decisión de negarse a conceder la suspensión.

Antes de su ejecución, le dijo a su hermana, Kimberly Davis, que quería que ella siguiera luchando para limpiar su nombre y acabar con la pena de muerte. Kimberly ha dedicado su vida a hacer campaña en todo el país para poner fin a la pena de muerte en todos los estados.

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