La Fiscalía general de Nueva York recurrió por segunda vez, junto a Vermont y Connecticut, a la corte federal para el distrito sur, en Manhattan, para pedir que se vuelva a detener temporalmente la regla de "carga pública", que entró en vigencia el pasado 24 de febrero, debido a la pandemia del coronavirus.
El recurso legal fue presentado la noche del martes junto con los estados de Vermont y Connecticut y la ciudad de Nueva York luego de que la Corte Suprema del país decidiera el pasado viernes no actuar en este tema, que perjudica a los inmigrantes que quieren obtener la residencia pero que no pueden porque reciben ayudas públicas y no son autosuficientes.
No obstante, el más alto foro judicial del país dictaminó que los demandantes tenían la opción de llevar su argumento de vuelta al tribunal de primera instancia para una decisión.
Esto llevó a Nueva York, que lidera esta coalición, a regresar al tribunal federal en Manhattan, donde había presentado en 2019 un recurso legal contra la regla de carga pública.
"A medida que nuestro estado y nación continúan sufriendo los efectos devastadores de COVID-19, se ha vuelto cada vez más claro que la regla de carga pública de la Administración del presidente Donald Trump exacerbará aún más el problema y castigará a Nueva York y otros estados ricos en inmigrantes al negar a muchos la capacidad de obtener atención médica", indicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que lidera la coalición.
"Estamos pidiendo al tribunal de distrito que vuelva a tomar medidas inmediatas y suspenda esta regla y la amenaza que impone a todos nosotros, afirmó en el comunicado conjunto en que informan de la acción legal.
Los fiscales insistieron en que "es hora de poner fin a esta pesadilla nacional porque cada persona que no recibe la cobertura de salud que necesita hoy corre el riesgo de infectar a otra persona con el coronavirus mañana".
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Recuerdan que la ley federal permite a los inmigrantes legales solicitar ciertos beneficios públicos complementarios de salud y nutrición si han estado en el país durante al menos cinco años.
Sin embargo, el pasado agosto la administración Trump dio a conocer la regla de carga pública, que implementa el Departamento de Seguridad Nacional, bajo el cual opera Inmigración, por la cual puede negar la residencia legal permanente ("green card") a los inmigrantes legales que reciban beneficios públicos.
La regla, que ha sido el centro de una intensa batalla legal, entró en vigencia en febrero pasado luego de que el Tribunal Supremo diera luz verde para que se aplicara.
La regla estaba supuesta a comenzar en octubre del año pasado pero fue bloqueada por las cortes del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland.
Su puesta en marcha en febrero no ha detenido la lucha en los tribunales para detenerla, en particular en medio de la pandemia que azota al país.
Los fiscales generales y la ciudad de Nueva York argumentan en su recurso legal que la regla ha puesto en peligro las posibilidades de los inmigrantes de convertirse en residentes legales permanentes o renovar sus visas si usaban estos beneficios a los que tienen derecho legalmente.
Los tres estados y la ciudad de Nueva York, epicentro de la COVID-19, piden al tribunal tomar en consideración los "extraordinario eventos" ocurridos durante los pasados dos meses al recordar la devastación causada por el virus en la nación, hasta convertirle en el país con la mayoría de muertes relacionadas con la pandemia.
Destacan que "los inmigrantes constituyen una gran cantidad de trabajadores esenciales que ayudan a mover a nuestra nación durante esta crisis, y si hoy no tienen acceso a la atención médica adecuada, es más probable que transmitan el virus sin darse cuenta" contribuyendo no sólo a las tasas de infección sino de muertes.
En resumen, "la regla está socavando los esfuerzos para frenar la propagación del virus", afirman al tribunal.
