Un tribunal federal de California aprobó un acuerdo histórico que prohíbe a los jueces de Inmigración y a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) establecer fianzas irrazonables sin considerar la capacidad de pago del detenido.
El acuerdo, finalizado el martes 29 de marzo, es el resultado de una demanda colectiva presentada el 6 de abril de 2016 por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y un grupo de abogados probono, la cual argumenta que el gobierno de los Estados Unidos no había considerado los medios financieros de un inmigrante detenido al establecer los montos de las fianzas, que suelen superar los miles de dólares.
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Los defensores estiman que las fianzas impuestas pueden oscilar entre los $5,000 y $20,000 en promedio, aunque algunos pueden ser menores o mayores.
Si bien en noviembre de 2016, la corte avaló la demanda colectiva y emitió una orden judicial preliminar que exigía al gobierno tomar en consideración la capacidad de pago de un inmigrante, no fue hasta el mes pasado que se logró una victoria contundente en el tribunal.
“ICE debe considerar la capacidad [de un inmigrante] para pagar una fianza así como las condiciones alternativas para su liberación”, indica el acuerdo firmado el pasado 28 de marzo ante el juez Jesús G. Bernal del Tribunal del Distrito Central de California.
“No fijará la fianza en una cantidad mayor de la necesaria para garantizar la comparecencia del detenido en todos los procedimientos de inmigración futuros, incluida la expulsión si así se ordena. Y considerará si el detenido puede ser puesto en libertad bajo condiciones alternativas de libertad [ATD], por separado o en combinación con una fianza, que sean suficientes para mitigar el riesgo de fuga”, establece el acuerdo.
Al frente de la demanda colectiva está la mexicana Xochitl Hernández y el hondureño César Matías. El acuerdo del caso Hernández v. Garland se logró tras seis años de litigio, dijo la ACLU en un comunicado oficial.
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Uno de los demandantes, César Matías, que huyó de la persecución en su país de origen por su orientación sexual, fue arrestado por ICE en 2012 y pasó cuatro años en una cárcel de California al no poder pagar la fianza de $3,000 en efectivo para salir mientras el gobierno consideraba su solicitud de asilo, se lee en el comunicado.
Michael Kaufman, un abogado de la ACLU que trabajó en el caso, dijo que si bien el acuerdo técnicamente se aplica a las personas detenidas en el área de Los Ángeles, se espera que las estipulaciones que establece se extiendan en todos los estados bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, que cubre el oeste del país.
Sin embargo, esto también supondría un cambio en la política nacional, pues la medida concuerda con el plan de la administración del presidente Joe Biden, el cual busca impulsar opciones alternativas a la detención, incluida la vigilancia con aplicaciones como SmartLINK.
SmartLINK es parte del programa Alternativas a la Detención de ICE, que identifica y monitorea a los migrantes considerados de bajo riesgo de fuga y aquellos con razones humanitarias apremiantes para ser liberados.
Los oficiales de la patrulla fronteriza enfatizan los aspectos humanos de abandonar el uso de grilletes electrónicos, en especial por la incomodidad física que pueden causar y la inconveniencia de tener que recargarlos a lo largo del día.
La demanda colectiva señala que el Gobierno de los Estados Unidos no consideró de forma sistemática la capacidad de pago de los inmigrantes detenidos ni las condiciones alternativas no monetarias de supervisión, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
“El acuerdo pone fin a la práctica vergonzosa del gobierno de encarcelar a inmigrantes sin siquiera considerar su capacidad para pagar una fianza”, dijo Michael Kaufman, abogado senior de Acceso a la Justicia de Sullivan y Cromwell en la ACLU del sur de California.
“La Constitución prohíbe el encarcelamiento basado en la pobreza, tanto para ciudadanos como para no ciudadanos”, agregó.
El hecho de que el gobierno no considerara la Ley de Inmigración y Nacionalidad implica una violación de la Constitución de los Estados Unidos, indica en el acuerdo.
Antes del acuerdo, el gobierno federal no estaba obligado a considerar la capacidad de pago al establecer la fianza para quienes enfrentan la deportación. Como resultado, decenas de inmigrantes fueron encarcelados durante meses o incluso años porque no podían pagar la fianza, dijo la ACLU.
“Nadie debería estar encerrado porque no tiene el dinero para comprar su libertad”, dijo Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “El acuerdo ayudará a frenar nuestro sistema penitenciario de inmigración fuera de control y proporciona un modelo para la reforma en todo el país”.
Cuando se presentó la demanda, dijo Kaufman, al menos 119 personas estaban detenidas en el área de Los Ángeles con fianzas que no podían pagar, incluidas algunas que habían estado encerradas durante años porque ICE y los jueces de inmigración habían fijado sus fianzas en montos estratosféricos.
“Ese número creció constantemente con el tiempo, ya que ICE continuó arrestando a personas y deteniéndolas mientras esta demanda se abría paso en los tribunales”, dijo el defensor. “Ahora, el acuerdo obliga a ICE y a los jueces de inmigración a tener en cuenta la capacidad de pago al establecer las fianzas”, agregó.
Está previsto que el acuerdo entre en efecto en abril.
EL COSTO DE LA LIBERTAD
Las fianzas irrazonables impuestas por los jueces y por ICE también llevaron a miles de inmigrantes a pactar acuerdos calificados de ‘abusivos’ con compañías de fianzas, adquiriendo así una deuda impagable que puede perdurar por años.
En febrero, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor presentó una demanda contra Libre por Nexus al argumentar que la compañía se 'aprovecha' de los inmigrantes a través de una 'estafa de fianzas' que los atrapa para que paguen costosas tarifas.
Según la demanda presentada por el CFPB en asociación con los fiscales generales de Massachusetts, Nueva York y Virginia, Libre trabaja con los detenidos y sus familias, en general inmigrantes latinos que hablan poco o nada de inglés, para asegurar su liberación de los centros de detención de ICE bajo fianza mientras esperan sus audiencias de inmigración.
Una vez que el inmigrante es liberado de la custodia de ICE, Libre lleva a los detenidos a un restaurante local o a la oficina de una empresa y los presiona para que firmen contratos 'abusivos' escritos exclusivamente en inglés que cobran tarifas altas, afirma la CFPB.
Los reguladores afirman que Libre hizo creer a los inmigrantes que estaban pagando su fianza de inmigración, cuando en realidad simplemente estaban pagando tarifas no reembolsables a Libre. Según los contratos de Libre, los detenidos deben pagar una tarifa inicial equivalente al 24% al 30% de la fianza de inmigración, así como una tarifa mensual de $420 por un monitor de tobillo con rastreo GPS, afirma la CFPB.
Pero los casos de inmigración pueden tardar años en resolverse, por lo que los inmigrantes pueden terminar pagando mucho más por los servicios de Libre de lo que pagarían con una fianza reembolsable de ICE, según la demanda.
El CFPB afirma que alguien con una fianza de $10,000 y un caso de inmigración de tres años podría terminar pagando $17,000 en tarifas por el rastreador GPS. Los reguladores dijeron el lunes que las autoridades federales no exigen los monitores GPS, pero que las compañías de fianzas los utilizan comúnmente para garantizar que los inmigrantes se presenten a sus audiencias.
El presidente y director ejecutivo de Libre, Mike Donovan, negó las acusaciones y dijo que esperaba con ansias el día de la compañía en la corte, según un comunicado citado por CNBC.
“Libre by Nexus se compromete a luchar por los inmigrantes marcados por la tortura de la detención civil de inmigrantes. Si bien hemos luchado para liberar a decenas de miles de inmigrantes detenidos, en especial durante los últimos cuatro años, los fiscales han invertido tiempo y dinero para investigar nuestra empresa”, expresó Donovan.
“Libre se presentó como un salvavidas para ayudar a las personas atrapadas en el limbo en las instalaciones de inmigración. Pero creemos que era un lobo con piel de oveja”, replicó David Uejio, director interino del CFPB, en un comunicado.
“Detener este tipo de esquemas de obtención de efectivo es parte del compromiso de la Oficina de abordar la injusticia racial en el mercado”, agregó.
Además de las tarifas exorbitantes a largo plazo, Libre también supuestamente amenaza a los inmigrantes bajo fianza con la detención y la deportación si no pagan. Si bien las declaraciones de Libre llevan a los inmigrantes y sus familias a asumir que está afiliado a ICE, la demanda afirma que la compañía en realidad no es una agencia de fianzas autorizada. Es solo un intermediario sin afiliación con agencias estadounidenses.
Cualquier producto o servicio financiero de consumo que se nutre del engaño es ilegal, al igual que engañar a los consumidores y emitir amenazas de cobro de deudas, dijo Uejio. “Estas acciones son dañinas para todos nosotros y socavan nuestra prosperidad económica colectiva”, agregó.
La demanda de la CFPB busca prohibir que Libre continúe incurriendo en conductas engañosas, abusivas o ilegales, además de pedirle al tribunal que ordene a Libre que proporcione restitución a los consumidores e imponga multas y sanciones.
“Esta demanda debe enviar un mensaje claro a todos los que buscan explotar y aprovecharse de nuestras comunidades más indefensas de que utilizaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para terminar con su actividad ilegal y el sufrimiento que infligen”, dijo en un comunicado Letitia James, fiscal general de Nueva York.
Junto con la demanda presentada por los reguladores, Libre enfrenta una demanda colectiva de consumidores que argumenta que la compañía hizo creer a los inmigrantes que era su única opción salir de la detención y que Libre podría devolverlos a la custodia de ICE si no pagaban.
