Exmédico de prisiones de NY demanda al sistema en relación a la política estatal sobre analgésicos

NUEVA YORK - Un exmédico del sistema de prisiones de Nueva York, que se opuso a la represión del abuso de medicamentos recetados, demandó a la agencia porque según él se vio obligado a renunciar y se enfrentó al acoso por buscar la atención adecuada para sus pacientes.

Lo que está en juego es un cambio de política que el sistema hizo hace cinco años para aumentar la supervisión en un momento de mayor preocupación por la prescripción excesiva de analgésicos en las cárceles. Algunos críticos, incluido el demandante, el médico Michael Salvana, argumentan que las nuevas restricciones han dejado a los pacientes con afecciones que van desde la esclerosis múltiple hasta lesiones en la columna que sufren innecesariamente.

La demanda presentada el mes pasado en un tribunal federal en el norte de Nueva York afirma que la agencia de prisiones del estado violó los derechos de Salvana de hablar en contra de la política. Salvana dijo que la interferencia "inhumana" de sus superiores en la atención de sus pacientes hizo que dejara su función de director de instalaciones en el centro de Nueva York en la Unidad Médica Regional Walsh en Roma, Nueva York, que tiene 125 camas para presos con necesidades médicas complicadas.

"Fue muy deprimente", dijo Salvana en una entrevista. “Es deprimente ver a estos pacientes y saber que no se puede hacer nada para cambiarlo. Estás librando una batalla que esencialmente no puedes ganar. Fue muy deprimente y, como resultado, no pude verlo más".

Un proceso de revisión centralizado lanzado por el estado en 2017 requiere que los médicos de las prisiones obtengan la aprobación de los administradores médicos regionales para recetar ciertos medicamentos, una lista que incluye narcóticos controlados por el Gobierno federal, así como el medicamento para el dolor nervioso y anticonvulsivante gabapentina, medicamento para la alergia Claritin-D , medicamento para la tos Robitussin DM e Imodium, utilizados para tratar la diarrea.

Los funcionarios de las prisiones estatales dicen que la política ha aumentado la supervisión sobre la prescripción de medicamentos potencialmente adictivos.

Salvana dijo que la política llevó a la interrupción "abrupta" de "tratamientos efectivos de cientos de reclusos" con convulsiones, esclerosis múltiple, cáncer, anemia falciforme y lesiones en la columna.

El portavoz del Departamento de Prisiones, Thomas Mailey, dijo que la agencia se negó a comentar sobre el litigio pendiente.

Nueva York está disputando una demanda por separado sobre la política por parte de personas en las prisiones que afirman que se han visto obligadas a vivir con dolor crónico no tratado y otras afecciones porque algunos medicamentos se han vuelto demasiado difíciles de conseguir tras las rejas.

El Estado ha argumentado que el problema se trata de desacuerdos sobre la mejor manera de tratar a los pacientes en lugar de una violación de los derechos constitucionales de las personas encarceladas.

″Es justificable que un médico prefiera tratamientos conservadores que conlleven menos riesgo de daño, incluido el abuso y la adicción”, se lee en una moción de abril de 2020 para desestimar la demanda presentada por la oficina de la fiscal general del Estado Letitia James.

Los abogados de los pacientes en las cárceles dijeron en un expediente judicial de enero que el Departamento de Prisiones ha examinado nuevamente los antecedentes médicos de los pacientes individuales.

En enero, al menos 39 de esos 88 pacientes estaban recibiendo medicamentos restringidos o no restringidos o esperando el seguimiento de especialistas, según Amy Jane Agnew, abogada que representa a los pacientes encarcelados. Pero Agnew dijo que el Estado no había proporcionado suficiente evidencia para demostrar si todos "los pacientes recibieron reevaluaciones constitucionalmente adecuadas".

No es extraño que los entornos penitenciarios requieran que un equipo de salud en el lugar obtenga la aprobación externa o restrinja el acceso a los medicamentos, dijo Matt Tobey, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, director de programas de medicina rural en el Hospital General de Massachusetts. Si bien tales políticas pueden ofrecer más orientación a los proveedores médicos, dijo, "generalmente colocan las prioridades administrativas de la instalación, limitan los costos o reducen el potencial de desvío de medicamentos, por encima de la salud".

Salvana dijo que presentó quejas, pidió que se eximiera a los pacientes de su unidad, buscó la revocación de la atención denegada y se reunió con los funcionarios de las prisiones, todo en vano.

En junio de 2019, Salvana ordenó una benzodiazepina para sedar a un paciente con cáncer cerebral que rompió una tubería de agua. Un supervisor ordenó a una enfermera que no administrara el medicamento al paciente, quien luego atacó a un oficial de prisiones que sufrió "lesiones permanentes en la columna cervical", según la demanda.

Cuando Salvana detalló el incidente a los funcionarios de prisiones estatales, dijo que su supervisor "lo reprendió" por recetar el medicamento y presentar una queja sobre ella. Luego, el supervisor ordenó a las enfermeras que no ayudaran a Salvana a varios pacientes, según la demanda.

Salvana finalmente dejó el sistema de prisiones del estado y ahora trabaja como médico que atiende a pacientes en cárceles en un centro correccional en otra parte del estado de Nueva York.