La Ciudad de Nueva York anunció el lunes un mandato de vacunación que requiere que la fuerza laboral del sector privado muestre una prueba de vacunación contra el COVID-19, lo que afecta a 184,000 empresas y cientos de miles de empleados.
No existen limitaciones de tamaño empresarial. La regla es omnipresente y necesaria, dijo el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ya que el epicentro de una pandemia única enfrenta una triple amenaza con la nueva variante Ómicron, la peligrosa variante delta, y el aumento en las hospitalizaciones. Todo en medio de las fiestas de fin de año.
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La nueva medida entra en vigencia el 27 de diciembre, y los empleados deberán mostrar prueba de dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, o una de la de Johnson & Johnson, para cumplir con la normativa. En otros términos, los empleados deben estar completamente vacunados o no pueden estar en sus trabajos.
Si bien quedan muchas preguntas sobre cómo las empresas privadas más pequeñas pueden implementar una regla de este tipo sin el tamaño de la fuerza laboral para adaptarse a las brechas, cuáles deberían ser las consecuencias y cómo funcionará la aplicación (más sobre esto aquí), el equipo de De Blasio enfrentó una pregunta, en particular, el día del anuncio.
¿Es esto legal?
A principios de noviembre, la administración del presidente Joe Biden anunció un amplio mandato de vacunación o prueba para todos los empleadores privados con al menos 100 empleados que entraría en vigencia el 4 de enero. Los tribunales de apelaciones de EE. UU. lo han bloqueado hasta ahora, a pesar de que la administración dice que costaría muchas más vidas estadounidenses.
Entonces, ¿por qué la orden de la Ciudad de Nueva York sería diferente, especialmente porque esa ni siquiera viene con una opción de prueba?
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Según la consejera corporativa de De Blasio, Georgia Pestana, hay al menos una diferencia clave entre los dos mandatos además del elemento de prueba. Se trata de quién es responsable de la implementación y el cumplimiento del mandato.
En un caso, un tribunal emitió una orden judicial contra el mandato de Biden por cuestiones sobre la autoridad legal de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para administrarlo, dijo Pestana. En otro caso, se emitió una orden judicial por razones similares que involucraban a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
El mandato de la Ciudad de Nueva York, señalan Pestana y de Blasio, proviene del comisionado de Salud, quienes dicen que tienen el derecho legal de promulgar tales órdenes cuando existe una amenaza significativa, creíblemente percibida o no, contra la salud pública. El COVID alrededor y su propagación en curso ilustran claramente esa amenaza, dicen.
Y tanto Pestana como de Blasio dijeron que los tribunales de la ciudad y del estado han sostenido continuamente ese concepto en medio de una serie de desafíos a los mandatos del alcalde en los últimos meses. Ninguno, por supuesto, ha sido tan completo como éste, pero el alcalde y su abogado corporativo creen que se mantendrá la misma premisa.
"Aquí, no creo que haya ninguna duda de que el Dr. Chokshi tiene la autoridad para emitir este mandato y es la naturaleza general del mismo lo que creo que también lo hace defendible", dijo Pestana el lunes.
