Un juez federal en Ohio suspendió de forma parcial el mandato de la administración de Biden a los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para priorizar a aquellos con antecedentes penales graves y sopesar la totalidad de las circunstancias de alguien antes de tratar de deportarlos.
El memorando de septiembre, cuestionado por Arizona, Montana y Ohio, fue uno de una serie de órdenes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que alentaban a los oficiales de ICE a reducir su enfoque mientras les daban a los agentes mayor discreción para sopesar factores como la comunidad y los lazos familiares, edad y salud mental, y tiempo en los Estados Unidos antes de realizar un arresto.
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Pero el juez Michael Newman, designado por Trump, limitó el alcance del memorando y se puso del lado de los estados, que argumentaron que tal política debe provenir del Congreso, no del ejecutivo.
“En el fondo, de eso se trata esta disputa: ¿puede el Ejecutivo desplazar el mando claro del Congreso en nombre de la asignación de recursos y los objetivos de cumplimiento? Aquí, la respuesta es no”, escribió Newman.
La decisión de Newman suspende el memorando en lo que se refiere a aquellos que enfrentan detención obligatoria debido a antecedentes penales, así como a aquellos que ya están detenidos por ICE y enfrentan órdenes de deportación. Pero deja intacto al resto de la directriz.
El memorando, escrito por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se apartó del énfasis de la era Trump en el uso amplio de la autoridad para la deportación.
Ordenó a los agentes de ICE que se concentraran en aquellos considerados una amenaza a la seguridad nacional o una amenaza a la seguridad pública debido a una conducta delictiva grave.
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“La mayoría de los no ciudadanos indocumentados que podrían estar sujetos a expulsión, la mayoría de los más de 11 millones de personas, han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades durante años”, dijo Mayorkas cuando se firmó el memorando.
“El hecho de que un individuo sea un no ciudadano que puede ser deportado no debería ser la base por sí sola de una acción de cumplimiento en su contra”, agregó. “Enfocamos nuestros recursos porque son limitados y por nuestra dedicación a hacer justicia”.
Pero Newman estuvo de acuerdo con el argumento del trío de estados de que ciertas leyes "imponen un deber obligatorio al DHS de detener a ciertos no ciudadanos" y que la guía del memorando de septiembre "descuida estos comandos y arbitrariamente ignora los daños del incumplimiento".
¿PERO QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS INDOCUMENTADOS QUE HAN COMETIDO CIERTAS FALTAS EN EL PASADO?
Los indocumentados con que en el pasado infringieron la ley vuelven a estar sujetos a la detención y la deportación luego de que el juez Newman suspendiera la parte del memorando que les ofrecía ciertas concesiones, como sus lazos familiares y con la comunidad.
Muchas de las razones para expulsar a un no ciudadano implican condenas penales. Estos motivos de deportación son algo similares a los motivos penales de inadmisibilidad, pero tienen un alcance más limitado. Las dos categorías principales de delitos que implican un riesgo de deportación son los delitos graves con agravantes y los delitos de ‘torpeza moral’.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad también enumera ciertos delitos que sirven como motivos independientes de deportación, incluso si no están clasificados en una de esas dos categorías.
Un inmigrante que comete un delito grave con agravantes no podrá evitar ser deportado y, a partir de entonces, es probable que sea inadmisible de forma permanente en el país.
Eso delitos abarcan asesinato, violación, delitos sexuales con menores, tráfico de drogas, tráfico de armas, fraude, blanqueo de capitales, evasión fiscal, espionaje y traición.
Además, si el inmigrante recibió una sentencia de prisión de al menos un año después de una condena por robo, perjurio o cualquier delito violento, esto se considerará un delito grave con agravantes. No importa si cumplió un año completo en prisión. Hay muy pocas defensas en estos casos, además de demostrar que sería torturado si regresara a su país de origen.
¿QUÉ SON LOS DELITOS DE TORPEZA MORAL Y POR QUÉ EVITARLOS?
Esta categoría de delito es mucho más ambigua, por lo que es común que los inmigrantes cometan delitos de torpeza moral sin saberlo.
En general, esta clase de delitos involucran fraude, robo, deshonestidad o la intención de dañar a las personas.
Los delitos que implican torpeza moral, por lo tanto, pueden incluir delitos relativamente comunes, como violencia doméstica u otras formas de agresión, así como conducir en estado de embriaguez y causar lesiones.
No existe una lista completa de delitos que involucren torpeza moral, por lo que es recomendable consultar a un abogado para averiguar si un determinado delito podría caer dentro de esta categoría.
IMPORTANTE. Una condena por un delito que implique torpeza moral podría conducir a la deportación si ocurrió durante los primeros cinco años después de que el no ciudadano fuera admitido en los Estados Unidos.
Además, un no ciudadano puede estar sujeto a deportación si cometió múltiples delitos que involucran torpeza moral a lo largo de su tiempo en los Estados Unidos.
Los delitos que surgen de un solo esquema de actividad delictiva no cuentan como delitos múltiples. No se aplica ningún período retrospectivo si un ciudadano extranjero tiene múltiples condenas por estos delitos.
Aquí te explicamos más acerca de los delitos de torpeza moral.
EXCEPCIONES Y EXENCIONES PARA DELITOS QUE INVOLUCRAN TORPEZA MORAL
Un delito no puede calificarse como delito de torpeza moral si se encuadra dentro de una excepción de faltas leves. Esto se aplica cuando la pena por el delito no puede exceder de un año de prisión, y el no ciudadano no cumplió efectivamente seis meses o más de prisión. Los delitos menores de asalto y robo a veces se incluyen en esta excepción.
La Sección 212(h) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad brinda la posibilidad de una exención para ciertos ciudadanos extranjeros que no representan una amenaza para la seguridad nacional.
Los titulares de la tarjeta verde deben cumplir con requisitos adicionales para obtener una exención, incluido haber tenido un estatus legal continuo en el país durante al menos siete años antes del inicio del proceso de deportación. Tampoco deben haber cometido ningún delito grave agravado.
Si se cometió un delito que implica torpeza moral más de 15 años antes de solicitar una tarjeta verde, el juez puede otorgar este tipo de exención a su discreción.
Lo mismo es cierto si se cometió un delito relacionado con la prostitución o si se califica para una tarjeta verde bajo la Violence Against Women Act (VAWA) en base al abuso por parte de un cónyuge o padre que es ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta verde.
Los no ciudadanos que no encajen en ninguna de estas categorías deberán demostrar que su deportación resultaría en una dificultad extrema para un cónyuge, padre o hijo que sea ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta verde. Es más probable que obtenga una exención si puede demostrar que se ha sometido a rehabilitación y que su delito no fue extremadamente violento o malicioso.
