
NUEVA YORK - La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra la compañía Libre by Nexus y su empresa matriz Nexus Services por presuntamente aprovechar la situación de inmigrantes detenidos en centros de detención federales al ofrecer pagar sus fianzas mientras ocultan o tergiversan la naturaleza y costos de sus servicios.
Según reporta la fiscal, Libre presuntamente cobra grandes tarifas por adelantado y cuantiosos pagos mensuales, que suelen ascender a miles de dólares más que el valor nominal del bono. Además, dice la fiscal, también supuestamente comercializa sus servicios a los amigos y familiares de los detenidos, que están desesperados por lograr la liberación de sus seres queridos, y quienes también pagan algunas de las exorbitantes tarifas.
“Las comunidades de inmigrantes sirven como el alma de esta nación, sin embargo, Libre by Nexus explotó sus temores y apuntó a los más vulnerables de nuestro estado”, dijo la fiscal general James. “Libre engañó a los pobres para que pagaran tarifas astronómicas y se beneficiaron ilegalmente de millones, al mismo tiempo que encadenaba a los inmigrantes con dispositivos de rastreo. Esta demanda debe enviar un mensaje claro a todos los que buscan explotar y aprovecharse de nuestras comunidades más indefensas ya que utilizaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para poner fin a su actividad ilegal y el sufrimiento que inflige".
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Virginia, alega que los acusados han violado y continúan violando varias leyes, incluida la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor de Dodd-Frank que prohíbe los actos y prácticas engañosos y abusivos, como, así las leyes estatales de protección al consumidor.
La demanda busca poner fin a las prácticas ilegales de la empresa, obtener millones de dólares en restitución para los miles de víctimas e imponer sanciones a las empresas.
En particular, la denuncia alega:
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• Libre ponía a sus clientes dispositivos GPS que no se pueden quitar. Los dispositivos pueden causar daño físico e irritación y, a menudo, no funcionan.
• Libre requiere que los consumidores firmen contratos confusos y engañosos que les presentan a los consumidores solo en inglés, a pesar de que la gran mayoría de los clientes no hablan o leen inglés y no lo entienden.
• Libre caracteriza erróneamente sus servicios financieros como un "programa" que ofrece "servicios integrales", incluidos los servicios legales gratuitos. Pero, en realidad, no proporciona más que una referencia a abogados para sus clientes, quienes pueden no recibir ningún servicio legal.
• Libre engaña a los consumidores haciéndoles creer que sus cuotas mensuales están pagando su fianza como una deuda contraída con Libre y serán reembolsadas al concluir sus procedimientos de inmigración. Pero, solo más tarde, muchos consumidores descubren que Libre no reembolsará miles o decenas de miles de dólares en tarifas.
• Para cobrar tarifas, Libre crea la falsa impresión de que tiene asociaciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. u otros actores gubernamentales y que no pagar las tarifas a Libre puede resultar en arresto o deportación.
La fiscal general James realiza la demanda como parte de una coalición que incluye a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, (CFPB, por sus siglas en inglés), y los fiscales generales de Massachusetts y Virginia.