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Cuomo plantea prohibir el acceso al transporte público a los agresores sexuales

La medida sugiere que los agresores sexuales reincidentes tengan prohibido el acceso al sistema de transporte durante tres años.

Los agresores sexuales reincidentes tendrían prohibido el acceso al sistema de transporte público bajo un proyecto de ley trazado por el gobernador Andrew Cuomo. Incluso el NYPD expresó su apoyo a la directriz cuando el mandatario lo sugirió en marzo de 2019. 

El proyecto de ley estipula que los agresores sexuales tendrían prohibido el acceso a los sistemas de subway, autobús y ferrocarril.

"Los pasajeros de MTA merecen sentirse seguros, y nuestra obligación es asegurarnos de que no serán víctimas de los agresores sexuales", declaró el martes el gobernador Cuomo. 

"No es no. Si queremos que nuestro sistema de transporte público mejore, necesitamos un equilibrio entre el derecho de una persona al transporte público y el derecho de los pasajeros a la seguridad (...)”, añadió. 

La medida sugiere que los agresores sexuales reincidentes tengan prohibido el acceso al sistema de transporte durante tres años. 

En octubre, Judith Harrison, subdirectora de la Unidad de Víctimas Especiales del NYPD, dijo que es preocupante el aumento de los casos de agresión sexual en el subway. 

"Es un aumento del 10%, es alarmante", declaró Harrison a la prensa para entonces. 

Sin embargo, los detractores creen que el plan de Cuomo no es viable. 

"Nadie apoya el contacto sexual no deseado en el tren, pero esta propuesta equivocada del gobernador Cuomo hará mucho más daño que bien", señaló la Legal Aid Society en un comunicado. 

“Marginará aún más a este grupo de neoyorquinos, muchos de los cuales son personas de color, perfilados por la policía cuando usan el transporte público. Cortará su acceso a trabajos, servicios críticos, oportunidades educativas y programas de rehabilitación. Albany debería dedicar menos tiempo para encontrar nuevas formas de demonizar a nuestros clientes que ya están demasiado vigilados y más tiempo para crear oportunidades (...)”. 

La organización cuestionó la constitucionalidad del proyecto de ley y advirtió que se prepara para impugnar la directriz en los tribunales de ser aprobada. 

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