Las elecciones en la República Dominicana están bajo la mirilla de organismos internacionales y de la Junta Central Electoral (JCE) ante la preocupación de la compra de votos.
Y ese temor no está infundado, pues en el país caribeño, así como el resto de América Latina, la corrupción potencia los males sociales de las poblaciones más vulnerables.
Organizaciones como Transparencia Internacional (TI) pasaron de lo abstracto a la matemática aplicada para desmenuzar cuán corrosivo es este flagelo.
El informe más reciente de TI y su afiliada Participación Ciudadana se concentra en el financiamiento de los partidos políticos como una fuente inagotable e inmemorial de la corrupción, las prácticas ilegítimas de los gobiernos y la falta de confianza del pueblo dominicano en las instituciones.
El Índice de la Percepción de la Corrupción de TI califica a 180 países y territorios según el nivel percibido de corrupción en el sector público, esto con base en 13 evaluaciones de expertos y encuestas a empresarios.
El desglose se determina en función de una escala de 0 (corrupción elevada) a 100 (sin corrupción).
Es así como el reporte coloca a la República Dominicana entre los países más corruptos de América Latina y la posiciona en el lugar 137 de los 180 países evaluados. Y como cada año, el resultado del reporte es apabullante, pero no sorpresivo para los dominicanos, que perciben la práctica como algo normal. La actual Administración se propuso alcanzar la meta de 51 puntos como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo para el 2020, un ideal que parece irrealizable.
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¿UN PECADO IMPERDONABLE?
La situación preocupa tanto que incluso la Iglesia Católica tomó partido. Mediante una Carta Pastoral, los obispos dominicanos clamaron un comportamiento ético en la sociedad y “acciones concretas” a los candidatos presidenciales.
“La política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad”, se lee en la Carta Pastoral emitida durante la Fiesta de Nuestra Señora de Altagracia. “En estos 58 años de construcción democrática, hemos tenido la amarga experiencia de procesos electorales traumáticos, que han afectado el orden político y económico, la tranquilidad y progreso del país”, añade la misiva titulada “Elecciones 2020: espacio de participación y compromiso”.
Monseñor Gregorio Nicanor Peña, obispo de la Diócesis de La Altagracia, pidió al electorado ejercer su derecho con transparencia, conciencia y con el corazón puesto en el bien común.
“Que a ningún dominicano se le ocurra vender su voto, mucho menos que haya uno que se atreva a proponer negocio para comprarlo”, expresó el líder religioso durante la homilía celebrada el 21 de enero en honor a la Virgen de la Altagracia. El obispo parece haber concentrado el dardo de su palabras en los fieles de alto perfil, pues a la misa acudió el presidente Danilo Medina y los candidatos a la presidencia por los partidos Revolucionario Moderno y de la Liberación Dominicana, Luis Abinader y Gonzalo Castillo, respectivamente.
"SI VENDES TU VOTO, PERDEMOS TODOS"
La Junta Central Electoral lanzó la campaña dirigida al electorado para crear conciencia sobre la compra de votos y urgir la denuncia de este delito.
Julio César Castaños Guzmán, presidente de la institución, advirtió que la compra y venta de votos constituye un delito tipificado en la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.
El artículo 282 penaliza a los compradores con seis meses a dos años de prisión y multas de uno a cinco salarios mínimos. Asimismo el artículo 283 impone a los vendedores un condena similar.
Pero la estrategia combativa de la JCE va más lejos en los comicios de febrero y mayo al cortar de tajo con el sistema de voto automatizado lo que se conoce como ‘la cadena’. En el pasado, un elector podía ocultar la papeleta sin rellenar para entregarla a la persona a la que le vendió el voto. Este intermediario entonces le daba una boleta marcada y se quedaba con el primer documento, que después marcaba y entregaba a otro votante, y así de forma sucesiva.
La Junta lanzó las líneas telefónicas 809-534-0523 y 1-809-200-0523 para la denuncia de compra y venta de votos.
No obstante, algunas organizaciones están escépticas, como Participación Ciudadana, que desplegó cerca de 600 observadores durante las elecciones primarias de octubre. El grupo denunció para entonces la compra del voto en el 30 % de las mesas y señaló que mayoría de comparadores eran aliados y simpatizantes de los candidatos del PLD.
El informe de la encuesta Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe 2019, publicado por Transparencia Internacional, posicionó a la República Dominicana en el segundo lugar en la compra de votos.
La edición número 10 de esta encuesta ubica al país caribeño por debajo de México (primer lugar) y por encima de Brasil (segundo lugar). La lista de los 18 países, en ese mismo orden, la completan Colombia, Honduras, Guatemala, Perú, Venezuela, Panamá, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Bahamas, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, así como Guyana.
