El gobernador Ned Lamont anunció el lunes que el primer día de la sesión ordinaria de 2022 de la Asamblea General de Connecticut, que comienza el miércoles 9 de febrero, presentará un paquete integral de propuestas legislativas destinadas a eliminar la violencia con armas de fuego en Connecticut a través de una serie de medidas específicas, incluida la mejora de los esfuerzos para detener el flujo ilegal de estas armas en el estado. La idea sería proporcionar millones de dólares en fondos adicionales a las fuerzas del orden público para fortalecer el trabajo y cerrar las lagunas en las leyes de seguridad de armas, entre otras.
Las nuevas propuestas se basan en el historial de apoyo a la seguridad pública de la administración Lamont, que incluye:
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- Duplicar la cantidad de oficiales capacitados anualmente para la policía municipal y estatal, con un ritmo rápido de nuevas clases de policías estatales planificadas.
- Proporcionar $ 2.5 millones para costos relacionados con la pandemia para ayudar a los Departamentos de Policía más afectados a poner oficiales adicionales en el camino.
- Proporcionar $2.5 millones para costos relacionados con la pandemia para permitir que los oficiales de libertad condicional reduzcan la reincidencia entre los clientes jóvenes y adultos.
- Implementar un enfoque pionero en la nación para reembolsar los programas de intervención contra la violencia en hospitales utilizando fondos de Medicaid.
- Apoyar medidas de seguridad pública de sentido común como la Ley de Ethan y la reforma de armas fantasma de 2019.
La legislación que el gobernador Lamont propone en esta sesión incluye:
- Establecer un grupo de trabajo de rastreo de armas de fuego para identificar la fuente de armas ilegales.
- Crear un programa de intervención de violencia comunitaria en todo el estado.
- Detener el flujo de "armas de fuego fantasma" ilegales.
- Asegurar que las tiendas de armas de fuego se tomen en serio sus obligaciones.
- Modificar las leyes de portación de armas de fuego.
- Hacer que las condenas por violencia doméstica sean un descalificador automático para tener un permiso de portación de armas de fuego.
- Fortalecer las leyes sobre el almacenamiento seguro de armas de fuego.
Además de estos cambios estatutarios, los ajustes presupuestarios propuestos por el gobernador Lamont representan una inversión histórica de $64 millones en seguridad pública en Connecticut y abordan las necesidades actuales y sientan las bases para impactos duraderos.
El plan de seguridad pública del gobernador hará que las comunidades sean más seguras, logrará una investigación criminal más rápida y la resolución de casos judiciales, y ayudará a las víctimas a recuperarse del crimen.
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Estas inversiones marcarán una diferencia significativa y tangible en la seguridad pública: las fuerzas del orden pueden contar con recursos adicionales y alianzas para abordar los desafíos del delito, los servicios para las víctimas del delito estarán protegidos cuando más se necesiten, las investigaciones criminales se acelerarán con la ayuda de las ciencias forenses de última generación y el sistema judicial recibirán asistencia para aclarar los casos que se han acumulado debido a la pandemia.
“Si bien Connecticut sigue siendo uno de los estados más seguros de la nación con una tasa de delitos violentos de menos de la mitad de la tasa nacional, un tiroteo es demasiado y es nuestra responsabilidad promulgar políticas sensatas que hagan que nuestras comunidades sean más seguras”, dijo el gobernador Lamont. “Estas son propuestas de sentido común que se enfocan en proteger nuestros vecindarios, detener el flujo ilegal de armas de fuego hacia nuestro estado y proporcionar a las fuerzas del orden público y a las comunidades a las que sirven los recursos que necesitan para abordar las causas fundamentales de la violencia”.
