Está previsto que el Concejo Municipal apruebe pronto un proyecto de ley muy debatido que duplicaría la cifra de permisos otorgados a vendedores ambulantes.
La medida crearía 4,000 nuevos permisos de venta de alimentos en las aceras y calles para el 2032, además de los 3,000 que en la actualidad ofrece el Departamento de Salud de la ciudad.
El plan ha sido aplaudido por los defensores, pues los comerciantes han luchado durante años por un permiso, además de que un gran porcentaje son inmigrantes indocumentados excluidos de toda ayuda federal.
Pero los propietarios de restaurantes argumentan que duplicar los permisos socavaría aún más sus negocios afectados por la pandemia.
La última versión del proyecto de ley tiene como objetivo poner fin al subarrendamiento generalizado de permisos escasos a precios inflados. Los nuevos titulares deben trabajar en sus carritos de comida, y los dueños de permisos emitidos años atrás tendrán un plazo de 10 años para dejar de rentar el documento y trabajar en la calle.
La patrocinadora principal del proyecto de ley, la concejal Margaret Chin, dijo que la legislación tiene un gran impulso, en parte por las terribles dificultades que han experimentado los proveedores durante la crisis de salud.
"Durante toda la pandemia no recibieron ningún apoyo del Gobierno estatal, municipal o federal", dijo Chin. “Son parte de nuestra economía y necesitan mantener a sus familias. Son gente trabajadora". El alcalde Bill de Blasio dijo el lunes que apoya la medida.
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“Ciertamente soy consciente de que las pequeñas empresas han pasado por un infierno y debemos protegerlas en este momento. Pero creo que esta legislación, como la he visto hasta ahora, se ha redactado de una manera que lo hace", dijo el alcalde.
El proyecto de ley levantaría el límite de permisos de la ciudad por primera vez en casi 40 años. También crearía una nueva oficina de ejecución, a raíz de la decisión del alcalde De Blasio el año pasado de poner fin a la autoridad de la Policía de Nueva York sobre las infracciones de venta.
Sin embargo, cuando el Concejo celebró una audiencia sobre una versión anterior del proyecto de ley en 2019, los propietarios de restaurantes y tiendas de comestibles se unieron a los líderes de los grupos de distrito de mejora empresarial para declarar su oposición.
Argumentaron que los proveedores estaban sujetos a estándares diferentes a los de su negocio y que la aplicación de las regulaciones de venta son inconsistentes. Pero el proyecto de ley ahora cuenta con 30 patrocinadores en el Concejo, entre ellos el presidente Corey Johnson.
"Hemos tenido un mercado negro económicamente castigador operando a la vista durante décadas porque el problema parecía demasiado difícil de abordar", dijo Johnson en un comunicado.
“Cuando se hace bien, la venta ambulante anima nuestras calles y brinda oportunidades a una fuerza laboral a menudo desatendida”, agregó. “Esas son dos cosas que necesitamos en este momento, y estoy orgulloso de que finalmente estemos avanzando. No puedo esperar para votar a favor".
El Proyecto de Vendedores Ambulantes ha estado abogando durante años para que se elimine el límite en el número de permisos. Aún así, el director de la organización, Mohamed Attia, calificó el proyecto de ley como una mejora con respecto al sistema actual "roto y desactualizado".
“Para 2032, podemos decir que no habrá mercado clandestino”, opinó Attia.
En el mercado negro, alquilar un permiso puede costar hasta $ 25,000 al año, pero los nuevos permisos en poder de los comerciantes eliminarán esa barrera costosa para ingresar al negocio.
Los dueños de restaurantes afirman que las ganancias de los comerciantes ambulantes significan una pérdida para la industria en un momento en que muchos negocios intentan no sucumbir al declive económico.
La New York City Hospitality Alliance, que representa a los dueños de restaurantes, señala que, aunque una nueva junta asesora evaluaría todas las reglas de venta, por ahora el Concejo dejó en un punto muerto la norma que permite a los vendedores ofrecer sus productos a solo 20 pies de distancia de la entrada o salida de un edificio.
“El requisito de distancia desde el cual un vendedor puede vender comida frente a un restaurante debería ampliarse”, pidió el grupo.
De igual forma, los propietarios de las tiendas de comestibles y supermercados, sostienen que los vendedores están “costando a la ciudad millones de dólares”, pues los negocios establecidos pagan más en impuestos, facturas, alquiler y salarios de trabajadores, una carga que los vendedores ambulantes en general no tienen, afirman.
La concejal Chin sostiene que se han hecho suficientes concesiones para apaciguar a los oponentes y que los proveedores merecen un impulso.
“Hemos visto cómo las disparidades en los recursos que reciben los proveedores frente a otras empresas han demostrado cuán roto está el sistema”, dijo Attia, del Proyecto de Vendedores Ambulantes. "Ahora es el momento adecuado para hacerlo, para levantar el límite, aumentar el número de permisos y crear oportunidades para que los vendedores prosperen y sobrevivan".
Una votación del Comité de Asuntos del Consumidor será la antesala del pleno del Concejo en su reunión del 28 de enero.
