Concejo Municipal

Concejo Municipal aprueba multas a caseros que hostiguen a inquilinos residenciales y comerciales

Las multas de miles de dólares se impondrán a caseros que acosen a dueños de pequeños negocios afectados por la crisis de salud.

Telemundo

El Concejo de la Ciudad probó el miércoles un paquete de leyes para proteger la industria del restaurante en declive, aunque no todas medidas planteadas en abril recibieron luz verde. 

Algunas de las leyes primordiales que no fueron aprobadas incluyen la extensión de la moratoria sobre los desalojos hasta abril de 2021, pago de riesgos para trabajadores de supermercados y la licencia por enfermedad remunerada para repartidores de comida.

Sin embargo, algunos de esos proyectos de ley aún pueden aprobarse en los próximos meses. 

El paquete de leyes que sí se aprobaron ahora deberán ser enviadas a la Oficina del alcalde Bill de Blasio. Las medidas entrarán en efecto siete días después de que el mandatario las firme.

Aquí detallamos las leyes que el Ayuntamiento sí aprobó el miércoles y lo que significa para la industria del restaurante. 

APLICACIONES DE TERCEROS

Empresas como Grubhub, Doordash y UberEats no podrán cobrar a los restaurantes más del 20% en tarifas por pedido

El Ayuntamiento consideró aprobar un tope total de tarifas del 10% en servicios de entrega de terceros durante la pandemia, pero ese proyecto de ley ahora se ha transformado en un tope del 20%. Ese porcentaje se desglosa en un tope del 5% en los pedidos realizados a través de aplicaciones de terceros y un límite adicional del 15% en los restaurantes que también usan estas aplicaciones para la entrega. 

Las empresas que incumplan serán multados con hasta $ 1,000 por día por restaurante.

A los restaurantes se les cobra con frecuencia hasta un 30% en tarifas -y a veces más- por los servicios ofrecidos por aplicaciones de terceros, incluidos el marketing y la entrega. 

Las pequeñas empresas han denunciado durante años lo que consideran el cobro excesivo de los terceros, pero la ley aprobada no es permanente.  La medida solo permanecerá en vigencia durante la pandemia y 90 días después de que culmine la emergencia.

Aún así, los restaurantes ven en este periodo un alivio tras experimentar una disminución histórica en las ventas.

Las plataformas de entrega no pueden cobrar a los restaurantes por llamadas telefónicas que no resultan en pedidos. La ley impondrá multas de $ 500 por día por restaurante para todas las aplicaciones de terceros que violen esta orden.

FRENO A PAGO DE TARIFAS POR USO DE LA ACERA

Dado que los pequeños restaurantes sería los últimos negocios no esenciales en abrir, además de que es posible que tengan que recurrir a colocar los asientos en la acera al aire libre para mantener las normas apropiadas de distanciamiento social, el Concejo  suspendió hasta el 28 de febrero de 2021 el cobro de tarifas por el uso de este espacio público, que generalmente suman miles de dólares cada año. 

Los restaurantes que ya habían pagado la cuota a partir del 1 de marzo recibirán un reembolso. 

PROTECCIÓN A DUEÑOS DE EMPRESAS QUE ALQUILAN ESPACIOS

Las disposiciones en ciertos arrendamientos comerciales permiten a los propietarios valerse de las finanzas personales y los activos de los inquilinos en los casos en que las empresas cierren y no cumplan con los requisitos del contrato.

Dado que varias empresas tienen que cerrar de forma temporal, y muchas incluso de forma permanente, la orden del Concejo representa un alivio para los propietarios de restaurantes preocupados por la ruina financiera.

La medida es un alivio temporal para restaurantes y bares que se vieron obligados a suspender el servicio desde el 16 de marzo.

MULTAS POR ACOSO

Parte del proyecto de ley que protege a inquilinos comerciales, que también se aprobó el miércoles, asegura que los dueños de negocios afectados por COVID-19 no sean hostigados por los propietarios, que pueden enfrentar multas que van desde $ 10,00 a los $50,000.

El Concejo aprobó un proyecto de ley similar destinado a proteger a los inquilinos residenciales, lo que implica multas a los propietarios de $ 2,000 a $ 10,000 si hostigan a un inquilino que contrajo el COVID-19 o si es un trabajador esencial.

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