deportaciones exprés

Cómo procederán ahora las deportaciones exprés y a quiénes afecta

Los inmigrantes indocumentados en toda la nación que no puedan demostrar un mínimo de dos años de residencia serán sometidos a una deportación inmediata.

Telemundo

Un Tribunal de Apelaciones en Washington D.C. integrado por tres jueces falló la semana pasada a favor del presidente Donald Trump para deportar a inmigrantes indocumentados por la vía rápida.

Las deportaciones exprés, emprendidas desde la década de 1990 por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), proceden si el inmigrante es detenido a menos de 100 millas de la frontera sur. Ahora, gracias al fallo del Tribunal de Apelaciones del pasado 23 de junio, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene potestad para proceder en todo el país.

Los defensores de los inmigrantes estiman que las deportaciones por la vía rápida ponen en riesgo a los indocumentados en toda la nación.

El fallo tiene su fundamento en la apelación del Gobierno a la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco, que dictaminó que Vijayakumar Thuraissigiam, un agricultor de Sri Lanka detenido cerca de la frontera con México, tenía derecho a la revisión judicial de su solicitud de asilo denegada por las autoridades de inmigración.

La regla, vigente desde 1996 y que amplía las normas de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), determina que los inmigrantes indocumentados en toda la nación que no puedan demostrar un mínimo de dos años de residencia serán sometidos a una deportación inmediata.

La expulsión por vía rápida impide que los inmigrantes tengan acceso a representación legal.

Además, la política también aplica a solicitantes de asilo cuyos casos están pendientes de revisión judicial y que han sido rechazados en primera instancia por falta de méritos, o lo que se considera “miedo creíble”.

En el fallo 2-1, la mayoría escribió que un grupo de organizaciones sin fines de lucro tiene la capacidad legal para presentar una demanda para abolir la medida, pero que la ley de inmigración que otorga una amplia autoridad al DHS hace que su caso sea poco probable que tenga éxito.

"Difícilmente podría haber una expresión más definitiva de la intención del Congreso de dejar la decisión sobre el alcance de la deportación acelerada, dentro de los límites legales, al juicio independiente del Secretario", escribió la jueza Patricia Millett, designada por el ex presidente Barack Obama.

Por su lado, la jueza Neomi Rao, nombrada por el presidente Trump, disintió al argumentar que la demanda debería haberse desestimado por completo.

Make the Road New York, uno de los grupos de inmigración que presentó la demanda, prometió seguir luchando contra la nueva política.

El Congreso aprobó una ley en 1996 que permitía a los funcionarios de inmigración poder absoluto para deportar rápidamente a los inmigrantes indocumentados recién llegados, pero solo se aplicó en la frontera.

El año pasado, la administración de Trump amplió el alcance del programa para incluir a cualquier inmigrante indocumentado en toda la nación.

El fallo levanta una orden judicial preliminar que había estado en vigor desde septiembre cuando un juez federal en DC se puso del lado de una coalición de grupos de defensa de inmigrantes y argumentó que el DHS no había cumplido con los requisitos de procedimiento para establecer la nueva regla.

La jueza Millet determinó que podrían evitar este tipo de expulsión aquellos inmigrantes que demuestren estar en riesgo grave en sus países de origen.

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