Si bien los ataques del 11 de septiembre de 2001 no iniciaron el debate sobre la reforma de las leyes de inmigración, lo cierto es que el catastrófico evento sí alteró el curso de esa discusión, lo que llevó a cambios drásticos que en la actualidad afectan de forma contundente y directa a las estigmatizadas comunidades de color.
La inmigración acaparaba algunos titulares a principios de la década de 1990, pero el Tratado del Libre Comercio -que entró en efecto en 1998- entre Canadá, Estados Unidos y México arreció la inmigración de millones de migrantes centroamericanos hacia el norte de México y Estados Unidos en busca de trabajo.
Fue entonces cuando asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, que antes había sido un asunto tan diáfano como la línea entre Nueva York y Nueva Jersey, se convirtió en una prioridad nacional y centro de debate político.
El expresidente George W. Bush se mantenía en un punto tibio en materia de inmigración antes del 11 de septiembre de 2001. En el exmandatario, quien habla español fluido, se depositaba la esperanza de una reforma migratoria, pero los ataques terroristas cambiaron la dinámica por completo. Busch halló en la aplicación de la ley de inmigración una forma de combatir el terrorismo.
FUNDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL (DHS)
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La administración de Bush estableció en 2002 la Ley de Seguridad Nacional, que creó la agencia encargada de mantener a Estados Unidos a salvo de futuros ataques terroristas.
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Fue así que el Departamento de Seguridad Nacional abrió sus puertas el 1 de marzo de 2003 como un departamento independiente a nivel de gabinete y marcó la reorganización gubernamental más significativa desde los primeros días de la Guerra Fría.
El Servicio de Inmigración y Naturalización, una agencia que era administrada por el Departamento de Justicia, fue dividida en el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, coloquialmente conocida como ICE, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
El antiguo Servicio de Aduanas era administrado bajo el ala del Tesoro, pero se incorporó tanto al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza como al ICE.
Como tal, en 2003 se disolvió el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), que había supervisado todos los logros de inmigración y residencia permanente desde el Departamento de Justicia desde 1993.
DEPORTACIONES EXPRÉS
A principios de septiembre de 2001, Bush y el entonces presidente de México, Vicente Fox, acordaron un amplio plan de reforma migratoria integral que aumentaría la seguridad fronteriza, crearía un nuevo programa de trabajadores temporales y legalizaría a inmigrantes indocumentados, sin embargo, los ataques terroristas llevaron a que ese plan terminara en el archivo del olvido, pues la seguridad se convirtió en el foco dominante de la política de inmigración.
Después de los ataques del 11 de septiembre, el Congreso aprobó una serie de medidas para reforzar la seguridad fronteriza, facilitar la recopilación de datos y el intercambio de información con respecto a los viajeros internacionales, además de ampliar el poder del Gobierno para detener y deportar inmigrantes.
Las deportaciones de inmigrantes de todas las nacionalidades pasaron de aproximadamente 200.000 personas en 2001 a casi el doble en 2011. Aún así, la población indocumentada aumentó de aproximadamente 8.5 millones en 2000 a casi 12 millones en 2008.
SENTIMIENTO ANTIINMIGRANTE
La reformulación de las políticas de inmigración también creó un cambio cultural en la sociedad estadounidense en general. Desde el 11 de septiembre, la visibilidad de los sentimientos antiinmigrantes se ha disparado hasta el punto de que ahora es una plataforma principal de campaña para los aspirantes presidenciales republicanos. Esta es una desviación importante de los abanderados conservadores de la América anterior al 11 de septiembre; el presidente Ronald Reagan era claramente proinmigración y proamnistía, después de todo.
POLICÍAS QUE SE CONVIERTEN EN OFICIALES DE INMIGRACIÓN
Si bien Bush usó las leyes de inmigración como herramienta para combatir el terrorismo, el expresidente Barack Obama, conocido como durante su gobierno como el “deportador en jefe” también se alineó a ciertas prácticas.
Una de las razones del aumento en las deportaciones durante la administración de Obama se debió al controversial programa Comunidades Seguras, lanzado por primera vez en 2008 como prueba piloto y vigente en todo el país desde 2013.
Comunidades Seguras comenzó como un programa piloto bajo el gobierno de Bush, pero fue ampliado enormemente por la exsecretaria de Seguridad Nacional de Obama, Janet Napolitano.
El programa requiere que la policía local comparta las huellas digitales de los arrestados con las autoridades de inmigración. Los datos biométricos se cotejan en una base de datos, y si la búsqueda resulta en una retención de inmigración, el arrestado procede.
Obama finalizó el programa como una estrategia nacional en 2014 tras las presión de grupos defensores de los inmigrantes.
